Gustavo Penadés
Gustavo Penadés

Financiamiento de la democracia

En los próximos días, se retomará el análisis parlamentario de un proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción, y que refiere al financiamiento de los partidos políticos.

Al respecto, y más allá de los diferentes aspectos particulares de la iniciativa aprobada por el Senado, entendemos necesario realizar algunas consideraciones generales.

En primer lugar, nos parece un error que se circunscriba conceptualmente el tema al financiamiento de los partidos políticos. Lo que debe ser el centro de atención es el financiamiento de la Democracia. Constituye un aspecto esencial del sistema democrático la lucha por convencer, por generar amplios consensos en torno a programas y personas, de tal forma que se conformen grandes corrientes de opinión que se alternen en el gobierno. Para ello, son necesarios recursos económicos que no es posible esperar sean suministrados en exclusividad por los candidatos a ocupar las diferentes posiciones en juego. Si se optara por ese criterio, la actividad política quedaría reservada para ser ejercida por aquellas personas que disfrutan de una importante fortuna personal. En nuestro país, tradicionalmente, a los recursos personales de los candidatos se agregan los que aporta el Estado y las donaciones que aquellos obtienen de la ciudadanía. Naturalmente, que esto último puede generar sospechas y desconfianza, sobre todo cuando tantas noticias negativas aparecen en nuestro país y en los vecinos, dando paso en ocasiones a verdaderas cacerías de brujas.

A nuestro juicio, la clave de todo esto está en la transparencia. Es decir, perfeccionar los instrumentos necesarios para que todos puedan conocer cuál es el estado de situación, saber quienes son los aportantes y en qué se gastan los recursos. Se trata de que quien se interese en averiguar pueda hacerlo en detalle. Además, claro está, se puede y debe avanzar en otras direcciones, pudiéndose adaptar a la realidad uruguaya algunas de las soluciones que se aplican en otros países. Pero, teniendo claro que la legislación no puede ser tan intrincada y compleja que después se torne imposible de reglamentar y de cumplir, o peor, que propicie el incumplimiento. Es un defecto muy uruguayo pretender que la ley contemple y prevea todas las posibles conductas humanas, siendo que esto es imposible. Por tanto, pocas normas pero que cumplan el objetivo perseguido de transparencia y de prevención de episodios de corrupción.

En todo este proceso la Corte Electoral debe cumplir el papel de ser el organismo de contralor de la correcta actuación de los partidos y de los candidatos. Sabemos que hoy no cuenta con los recursos humanos y materiales para hacerlo, pero ello no puede ser la excusa para pretender traspasar su natural competencia a otros organismos; sino que debe proporcionarse lo que aquella necesite. La próxima Rendición de Cuentas sería una buena oportunidad para ir adelantándose a lo que serán los futuros requerimientos de la Corte.

La Constitución nacional y la tradición preceptúan que la legislación electoral y la relacionada con la actividad política sean el fruto de amplios consensos políticos. Aguardamos que la mayoría gobernante en esta oportunidad se avenga a proceder de esa manera, absteniéndose de imponer con exclusividad su voluntad.

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