En un escenario de angustia fiscal, el ministro Astori lanzó la idea de reformar los retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas argumentando que “la Caja Militar” presenta “un déficit” de 400 millones de dólares. El Poder Ejecutivo está trabajando en proyectos cuya última formulación desconocemos. Trascendió que, en lo fundamental, se sancionaría otro impuesto a las prestaciones y se modificarían los tiempos de servicio.

En un escenario de angustia fiscal, el ministro Astori lanzó la idea de reformar los retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas argumentando que “la Caja Militar” presenta “un déficit” de 400 millones de dólares. El Poder Ejecutivo está trabajando en proyectos cuya última formulación desconocemos. Trascendió que, en lo fundamental, se sancionaría otro impuesto a las prestaciones y se modificarían los tiempos de servicio.

De arranque se empieza mal: la “Caja Militar” no es tal. No es un ente recaudador y administrador de los aportes de patrones y trabajadores. Es un servicio que paga prestaciones a los beneficiarios determinados por las leyes. El Servicio de Retiros y Pensiones tiene muchos años; encontrando muchos antecedentes en la historia nacional. Manuel Oribe, por ejemplo, aprueba una ley fijando pensiones para las esposas e hijos de soldados de la Independencia.

Sumarle otro impuesto a los retirados, que ya tributan el IASS que se destina al BPS, es disparatado. ¡Y más disparatado y confiscatorio es, si cabe, si ese nuevo impuesto termina por fagocitarse la mitad de los haberes!

Fiel a su naturaleza, el FA quiere enfrentar a los militares con la población, como si los militares no fueran parte de la misma. Presentan a los beneficiarios del servicio co-mo si fueran privilegiados, cuando la verdad es que no lo son, y que la enorme mayoría está conformada por personal subalterno y pensionistas.

La discusión tal como está planteada es equivocada. El costo de los retirados y pensionistas es un componente del gasto de defensa. No se puede desligar una cosa de la otra. Por tanto, la cuestión fundamental sería determinar cuánto se está dispuesto a gastar en el futuro en esto.

Mientras no se adopte una posición al respecto se continuará con lo que se viene haciendo desde hace años. Venimos asistiendo a un doble proceso en el que, por un lado se le asignan a las Fuerzas Armadas nuevas responsabilidades a sus misiones esenciales, pero, al mismo tiempo, se reduce su presupuesto a límites insostenibles. Las Fuerzas cumplen sus misiones a costa de grandes esfuerzos, pero, llegará un momento en que se verán imposibilitadas de continuar haciéndolo. Hoy asistimos a la paradoja de que por ley de Rendición de Cuentas se le encomiendan a las FFAA funciones policiales junto al Ministerio de Ganadería, pero, por otro lado, no hay recursos para cumplir cabalmente las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de búsqueda y rescate. En estos años el Ministerio del Interior ha sido una prioridad presupuestal, lo que ha derivado en una bienvenida mejora de salarios y equipamiento. Aumentó la cantidad de efectivos, compró aeronaves y armamento sofisticado e incluso se busca evitar el control de esas compras. ¡Sin embargo son militares quienes evitan que se escapen los presos!

Tenemos la esperanza de que el Gobierno actúe con sensatez y no incurra en el disparate de castigar injustamente a los militares retirados y a los pensionistas, para recaudar unos pesos más que no solucionan nada; pretendiendo, así, desviar la atención de los problemas importantes y de paso quedar bien con aquellos sectores que buscan la desaparición de las fuerzas armadas o su transformación en guardia nacional.