El Poder Legislativo tiene por cometidos esenciales legislar y controlar.

El contralor lo puede hacer de varias formas. Una es a través de la solicitud de informes a la Administración y a otros poderes del Estado.

Sin embargo, y más allá de las constantes invocaciones del Frente Amplio a la transparencia, con el tiempo se ha limitado la información a la que los legisladores pueden acceder para ejercer sus facultades.

Últimamente, ocurrieron dos hechos que reafirman el interés del gobierno en ocultar aspectos de su gestión. Uno está referido a la negativa de Antel a informar los costos del mantenimiento del Antel Arena, con la excusa de que se trata de una actividad en competencia con los privados y que la divulgación de la información le haría perder “ventajas competitivas”.

Casi al mismo tiempo, el ministro Astori, revocó el acceso de los legisladores al Sistema Integrado de Información Financiera, (SIIF). Seguramente, el Ministro argumentará que los legisladores podían de esa manera enterarse de los detalles de las contrataciones estatales y que eso podría llegar a vulnerar los derechos de los proveedores. Nada de eso resiste el menor análisis. Conviene recordar que la facultad de acceder al SIIF fue el resultado del acuerdo celebrado entre el ministro Alberto Bensión y la Cámara de Representantes, cuando la presidimos en el año 2001. ¡Qué diferencia entre uno y otro ministro!

El Poder Ejecutivo debe suministrar la información solicitada por los legisladores si el pedido se ajusta a la previsión constitucional. Incluso, según dice la doctrina, cuando se trate de información relativa a actividades comerciales de los servicios descentralizados o autónomos. ¿Qué podría pasar si un legislador o un funcionario utilizara la información de forma inadecuada? Podría suceder que, al igual que en otras posibles situaciones, la Cámara sancionara al legislador hasta con su remoción, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal y civil.

Es más: hace pocos días se conformó una comisión bicameral para el contralor de los servicios de inteligencia estatal. ¿Podrá entonces un legislador conocer información clasificada como reservada o secreta, proporcionada por el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado pero no conocer el costo de mantener el Antel Arena; o acceder a los pagos del Mides por concepto de transporte, o a los entretelones de las compras del Ministerio del Interior?

La tendencia a esconder las cosas se ve agravada por el abuso de la contratación directa. Lo que en un momento era la excepción se terminó convirtiendo, en muchos casos, en la regla; con un sinfín de disposiciones que permiten sortear los procedimientos competitivos. Entonces, si sumamos secretismo, más procedimientos no competitivos, aumenta el riesgo de que el resultado de las contrataciones estatales sea inconveniente o incluso, que dé lugar a ilícitos penales.

Conviene reiterar que sin control parlamentario no hay Democracia. Poner las cosas en su lugar, fortalecer el rol que le cabe al Poder Legislativo en el contralor de la Administración aprovechando para ello las posibilidades de la tecnología es otra de las responsabilidades que el próximo gobierno nacionalista tiene por delante.