Guillermo Maciel
Guillermo Maciel
Abogado, docente universitario y director de Fundapro

Inseguridad y paradojas

Una persona por la deuda de un préstamo o problema económico puede terminar en el registro del "Clearing" (de informes) y queda inhabilitada para la actividad financiera. 

Pero si es un violador o un abusador sexual y homicida, no hay registro alguno para este tipo de criminales. Mientras tanto, la trágica realidad se impone y sigue su curso.

El gobierno exigirá y fiscalizará la instalación de microchips para el contralor de perros, pero no hay tobilleras con GPS, para sujetos con profusos antecedentes como violadores y abusadores sexuales. Si un ciudadano común estaciona mal, lo multan y guinchan sin ninguna contemplación o perdón, por la infracción. Las multas de la DGI, BPS, UTE, Antel, no se perdonan, pero varias penas por algunos delitos sí —mediante mecanismos liberatorios de quien delinquió, o renunciando a su persecución penal, en determinados casos expresamente establecidos ("Principio de oportunidad", del nuevo CPP). De esta forma el Estado es condescendiente con quienes delinquen, que no van presos. Pero no así con el ciudadano común. Insólito. ¿Esto es lógico y razonable?. ¿Esto es equidad?.

La experiencia comparada indica que prácticas como la denominada "teoría de las ventanas rotas", que implicaba la justa aplicación de la ley en todos los casos, sin excepciones, demostraron que se redujeron los delitos. En Uruguay recorremos el camino contrario. A la vista están los resultados. Un gran problema de nuestro país es que parecería que muchos no entienden, que las leyes están para ser cumplidas y los delitos para ser penados. No está mejorando la seguridad, si más de 65.000 vecinos se han tenido que organizar como "Vecinos en Alerta" frente a los embates del delito cotidiano.

El ministro del interior admitió que en noviembre ocurrieron 30 homicidios (promedio récord de uno por día). Dicha cifra representa un aumento del 58%, en relación al mismo mes del año anterior. Y asimismo anunció, "en el año va a haber un pequeño aumento". "Pequeño aumento"; qué poca sensibilidad por la vida ajena. Las cifras y porcentajes en estos delitos, son personas, vidas, familias, no números fríos. Luego dijo, "estamos por arriba del FBI en aclaración de homicidios", "se esclarece el 60%". Sin embargo, cuando compareció en el parlamento (febrero 2016) presentó un Power Point, donde señalaba que en Inglaterra la aclaración de homicidios llegaba al 88% y la del FBI era del 64,5%. Tampoco se refirió a que en 2011 se aclaraba el 72% y ahora cayó al 60%. En suma, un 40% de crímenes sin aclarar, en un país de 3 millones, es mucho. Significa que el año pasado quedaron impunes más de 100 homicidios. Se comparan con el FBI, pero en el del trágico homicidio de una joven adolescente en Rocha, la recolección de evidencia criminal se realizó en una caja de bananas. Sin comentarios.

Y solo se hace referencia al esclarecimiento de homicidios y no dice que de rapiñas apenas se aclara el 5% y en hurtos y otros delitos, el porcentaje es aún mucho menor. Cada 10.000 rapiñas, quedarían impunes 9.500. Esto es brutal.También parece no repararse en que la víctima y el victimario no son iguales. En que el delincuente no es víctima. El victimario es quien salió a delinquir, a apropiarse de lo ajeno, a causar un daño, una lesión o incluso una muerte. Mientras que la víctima, simplemente es una persona honesta que iba a trabajar, a estudiar, a hacer sus tareas cotidianas. En demasiados casos los delincuentes decretan la "pena de muerte" de la víctima. O en otros, la condenan a una silla de ruedas de por vida. Hay que comprender que no está mal penar al criminal. De lo contrario, el mensaje es que todo vale. Se consagra la impunidad, la principal aliada de la delincuencia. Anulando la pena y dejando libre a quien delinque, algunos creen anular el crimen. Tremendo error. Parecería que existiera la intención de cuidar más los derechos del delincuente, que la vida e integridad de las futuras víctimas y los ciudadanos honestos.

Una obligación primordial del Estado y del Gobierno es cuidar a la gente. Hay casi un centenar de proyectos de ley presentados por toda la oposición, que atacan directamente a la inseguridad, que no son tratados ni votados por el oficialismo.

La gente se encuentra abrumada por la inseguridad cotidiana. Hay un verdadero temor, instaurado a nivel social por el crecimiento delictivo.

Debe revertirse que delinquir sea un negocio próspero. Sustituir una política centrada en "vaciar las cárceles" por otra que priorice "vaciar las calles de delincuentes". El bandido tiene la percepción de que no hay límites o que el sistema actual es permisivo y juega a su favor. La justicia no puede ser una puerta giratoria, para que entren y salgan automáticamente los malhechores. Hoy las víctimas sienten que el sistema no sanciona adecuadamente, que no las respalda. La criminalidad percibe pocas posibilidades de ser capturados y que en caso de serlo, son bajas las chances de terminar tras las rejas o cumplir toda la pena. Las consecuencias de situaciones de injusticia, de impunidad y de una pésima gestión en materia de seguridad pública, no se miden en cifras o porcentajes. Se miden en vidas perdidas. En seguridad perdida. En libertad perdida.

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