Hay una frase del Presidente Mujica que ha tomado especial significación en el tema vinculado a los salarios de los funcionarios del Poder Judicial: “Lo político está por encima de lo jurídico”, ha sido muletilla presidencial en los últimos tiempos.

Hay una frase del Presidente Mujica que ha tomado especial significación en el tema vinculado a los salarios de los funcionarios del Poder Judicial: “Lo político está por encima de lo jurídico”, ha sido muletilla presidencial en los últimos tiempos.

Esta frase que al principio demostraba su desprecio por el Estado de Derecho, fue adquiriendo cada vez más significación y gravedad. Fue así, que varias leyes sancionadas con iniciativa del Poder Ejecutivo fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia.
Pero en el caso de los salarios de los funcionarios del Poder Judicial, la indiferencia por el ordenamiento jurídico superó todos los pronósticos, llegando a comprometer la independencia del Poder Judicial.

El 13 de diciembre del 2013 la SCJ declaró inconstitucional la Ley Nº 18.738, sancionada con la finalidad manifiesta de excluir a los jueces de los incrementos previstos en la ley de presupuesto. Desde esa fecha, el Poder Ejecutivo ha tratado de todas las formas posibles de mantener los aumentos a los cargos de particular confianza —para beneficio exclusivo de sus correligionarios — y excluyó a todos los asimilados, entre ellos los Ministros de la SCJ y el Poder Judicial.

Esta situación derivó en un conflicto que marcó el fin del 2014. Pero lo relevante no fueron las medidas gremiales de los funcionarios, sino la decisión del Presidente de resolver el conflicto enviando un proyecto de ley al Parlamento. La nueva norma pretendía solucionar el diferendo con un aumento del 8%, cuando los funcionarios judiciales tendrían derecho a percibir un aumento superior al 21%. A su vez, el proyecto dejaba sin efecto el “enganche” y ofrecía pagar la retroactividad adeudada desde el 2011 con una suma insignificante de unos tres salarios.

Como si esto fuera poco, se establecía que la partida destinada a “solucionar” el conflicto, estaba condicionada a que la Corte celebrara un acuerdo con por los menos el 70% de los funcionario y que, simultáneamente, los mismos renunciaran a promover cualquier tipo de reclamo en sede administrativa o jurisdiccional. El referido proyecto de Ley fue aprobado en el Senado en tan solo 24 horas, y una semana después por la Cámara de Diputadas, aunque dejando sin efecto la eliminaba el enganche. El proyecto volvió al Senado y fue definitivamente aprobado el 29 de diciembre.

En definitiva, el Poder Legislativo con los votos del oficialismo, sancionó en tiempo récord una Ley por la cual el Poder Ejecutivo estableció unilateralmente y sin el consentimiento de la SCJ, todos los términos de un acuerdo transaccional —de naturaleza salarial— con los empleados del Poder Judicial.

Es muy grave que los legisladores del oficialismo hayan actuado como meros mandatarios del PE, aprobando una ley para dirimir este conflicto laboral, usando y abusando de las mayorías parlamentarias. Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen competencia para determinar la forma cómo el Poder Judicial debe transar las diferencias salariales con sus funcionarios, cuando éstas derivan de la aplicación de las Ley.

El Poder Legislativo no puede transformarse en un apéndice del Ejecutivo, sancionando las leyes sin la más mínima discusión parlamentaria, como si los legisladores fueran —en vez de representantes del pueblo— meros empleados del partido de gobierno y menos aún, cuando la finalidad de la Ley es interferir en la autonomía de la Justicia.