Filósofos, psicólogos, politólogos y pensadores de las más diversas disciplinas debaten por estos días sobre las consecuencias psicosociales del COVID-19 y parecen haber llegado al consenso de que, en términos generales, nada volverá a ser igual.

Entrando en los detalles, crece especialmente el temor de que la “nueva normalidad” pueda dejarnos una forma de control social, legitimada en objetivos sanitaristas, en las que la ya amenazada libertad de los individuos frente al Estado y los poderes fácticos (especialmente los que se enmascaran en las ventajas de las nuevas tecnologías) pueda volverse una realidad opresiva a un punto nunca antes visto.

Sin embargo, no puede decirse que esta nueva amenaza a la libertad encierre propiamente algo nuevo. Quienes ya justificaban en la búsqueda de “la salud” y “el bienestar”, todo tipo de cercenamiento de las libertades individuales (incluso en cuestiones reservadas a la esfera privada de las personas) deberían al menos reconocer cierta responsabilidad sobre la paternidad de este engendro, al parecer cada vez más implacable.

Si el Estado no garantiza los derechos y las libertades de sus mandantes, sino que aplica sus propios dogmas, no estamos ya ante la construcción jurídica y axiológica republicanas, sino ante una nueva versión del Golem de Meyrink, una criatura concebida para ayudar a hacer más sencilla la vida de su creador, que terminó volviéndose violenta y amenazante para todos los vecinos de Praga.

Los debates sobre las políticas públicas en general deben incluir sus efectos colaterales sobre las libertades públicas, en especial cuando es mayor la tentación a avasallarlas. La apelación dogmática a la defensa de algo denominado “salud”, se parece mucho en su deriva a la que se hace de “la seguridad”.

La diferencia es que existe una alerta bastante amplia sobre las consecuencias regresivas de una concepción expansiva de la segunda; no así de la primera.

Dicho de otro modo, hoy resulta muy difícil justificar políticas represivas desmesuradas, so pretexto de establecer “el orden”, pero buena parte de la opinión pública queda embelesada cuando las restricciones, controles y admoniciones dicen perseguir la salud y el bienestar colectivos.

Acaso porque no se repara en que la definición de tan nobles objetivos depende de las opciones de vida de las personas, toda vez que no signifique un atentado contra las opciones del prójimo.

Vivimos en un país que está teniendo muy buenos resultados en la lucha contra el COVID-19. Esto es consecuencia de las políticas públicas que se instrumentan, pero también de la responsabilidad (de las elecciones libres decididas por personas informadas y responsables) tomadas por la mayoría de sus habitantes. Tengamos presente que ambas realidades deben convivir en una tensión permanente, y que no se puede consagrar a una aplastando a la otra.

No se trata tan solo de que la lucha contra la pandemia arroje buenos resultados en términos sanitarios. Se trata de que los buenos resultados sanitarios lleguen de la mano con el respeto a las libertades públicas, al menos hasta donde esto sea posible. No vaya a ser cosa que, a la salida del confinamiento, nos espere el viejo virus autoritario del control social.