En la actualidad, Uruguay no tiene objetivos claros y de alto nivel vinculados a prioridades gubernamentales claramente definidas”.

La sentencia forma parte de un informe de la OCDE sobre las características del presupuesto nacional. El informe reconoce que el país ha logrado mejoras significativas, lo que le permitió alcanzar “excelentes resultados”, y resulta relevante porque hace foco en el detalle y pone de relieve lo que el próximo gobierno debería hacer para mejorar el gasto.

Claro que para que llegue ese momento habremos de transitar antes por la campaña electoral y sería deseable, aunque poco probable, que los candidatos y partidos que compiten por alcanzar el poder se hicieran cargo de las sugerencias que nos hace la OCDE.

Establecer objetivos y prioridades con la suficiente claridad es un antídoto contra el despilfarro pero también contra la improvisación. Aun en sociedades con una cultura democrática sofisticada, como la uruguaya, la tentación de tapar los desaguisados con enormes inversiones públicas no planificadas (no sé de dónde sacó Ud. que estoy hablando del Antel Arena, pero vale el ejemplo) siempre está a la vuelta de la esquina.

La OCDE destaca otro asunto que se vuelve cada vez más importante para evaluar adecuadamente la gestión de un elenco de gobierno; la medición de resultados. El organismo observa que esto se ha vuelto una práctica relativamente nueva para Uruguay, y nos recuerda la necesidad de vincular la evaluación y los indicadores de éxito a “programas y objetivos relevantes”.

La medición de resultados debería formar parte del compromiso de los candidatos. Si queremos dar un paso más en la calidad de nuestra democracia, los representantes partidarios tendrían que decirnos cómo vamos a medir su éxito.

Eso colocaría las promesas electorales en un mayor nivel de compromiso y exigencia, al tiempo que evitaría campañas de propaganda y manipulación de los datos como las que soportamos por estos días.

Pensemos el lugar que tiene en los programas y debates la reforma del sistema jubilatorio, que la OCDE identifica como uno de los principales desafíos económicos del país. En este punto, deberíamos tener presente que las pensiones y jubilaciones, que representan el mayor gasto público, “son mayores que el promedio de la OCDE”.

Quien quiera que sea el próximo Presidente de la República deberá remontar una larga década de discurso oficialista basado en la demagogia y el “wishful thinking”. Deberá, por ejemplo, decirle a la ciudadanía que no alcanza con invocar derechos (siempre incrementales) para consagrar prestaciones si estas no tienen financiamiento genuino y si el sistema en su conjunto es estructuralmente deficitario.

Sería deseable que el sistema político se hiciera cargo de las sugerencias del informe de la OCDE. Incluso, sería deseable que eso ocurriera ya mismo y que el gobierno se pusiera a trabajar en el tema. Seguro que, en su empuje y entusiasmo, contagie a todo el sistema político y haga que los candidatos incluyan en sus discursos y plataformas, compromisos de gestión y evaluación de alta calidad. Y si así no ocurriera, aún estamos los ciudadanos para exigírselo a los candidatos antes de decidir nuestro voto.