Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Placeres oblicuos

La Cámara de diputados fue testigo de argumentos inquietantes con motivo de la renuncia a su banca del diputado Daniel Placeres, generada por el pedido de desafuero del fiscal de crimen organizado, Luis Pacheco, por un delito de “conjunción del interés personal y el público”.

El pedido de renuncia fue acompañado con palabras de elogio por algunos de sus compañeros. Por ejemplo, el también diputado Oscar Groba dijo que Placeres se iba “con la frente alta” y el precandidato a la presidencia, Daniel Martínez, destacó “la grandeza” de renunciar a la banca, evitándole así al Frente Amplio tener que votar el desafuero.

Como venía la cosa, si la sesión duraba un rato más, el oficialismo le habría pedido disculpas y organizado un acto de homenaje y desagravio.

El pedido de procesamiento es el resultado de la investigación del fiscal Pacheco sobre la actuación de Placeres en el otorgamiento de préstamos del Fondes a Envidrio.

Entre los hechos “semi plenamente probados”, Pacheco concluye que Placeres propuso y aconsejó “como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara” la aprobación una solicitud al Ejecutivo de que realizara “los máximos esfuerzos posibles” para financiar la planta industrial de Envidrio.

Y votó la ley 19.611, que extendió el subsidio a los trabajadores de unas empresas en las cuales, pese a haber declarado ante la Cámara su desvinculación, el seguía “ostentando un rol activo”.

Pero además de la imputación penal, el dictamen describe en qué condiciones la empresa del diputado Placeres (una de las que financió el Fondes con el objetivo de encender, con dineros públicos, “una vela al socialismo”, según Mujica) recibía las renovaciones y ampliaciones de unos préstamos que no podían pagar.

No sólo es cuestionable “la conveniencia o la oportunidad de la concesión de esta nueva asistencia crediticia por parte de un organismo público a la empresa, que ya había sido beneficiaria de préstamos del FONDES” por más de once millones de dólares, “y que había debido refinanciar su deuda por atrasos en los pagos”.

Para el fiscal Pacheco, también “queda claro que -por vía oblicua- otro organismo público otorga una nueva asistencia a una empresa que ya había sido asistida por el FONDES y que no podía recibir más financiación de parte de éste”.

Cuando Placeres y sus compañeros del Frente Amplio minimizan o ironizan en torno a la situación, le están diciendo a la ciudadanía que diputados o gobernantes que se interesen o intervengan desde su cargo en un asunto “con el fin de obtener un provecho indebido” no es, después de todo una conducta reprobable, a pesar de lo que dice el Código Penal en su artículo 161.

Alegar que el fiscal no encontró otras conductas delictivas ni violaciones a la reglamentación vigente, es contar la mitad de la historia. La otra mitad sugiere que la hacienda pública puede manejarse como si se tratara del patrimonio particular de los gobernantes.

Especialmente de aquellos que están más cerca del poder. Una forma de gestionar el Estado que aun no siendo penalmente punible, resulta inaceptable en el terreno de la ética y de las buenas prácticas de gobierno.

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