Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Perdidos

"Usted no es ningún delincuente, pero la actitud que tuvo es pésima. Amerita llevarlo a la comisaría. Vamos a hacer una cosa. Usted se disculpa delante de los policías y se va a su casa. Reconoce su error y se va a su casa. No estamos para complicar a gente trabajadora”.

La era del relato y la posverdad se parece mucho al sueño de los grupos totalitarios. Cuando la conducta de las personas no responde a decisiones individuales, sino a mandatos colectivos y categorías fantasmagóricas, los detalles de la realidad pierden todo su valor. La acción individual del grupo de policías que participó en el episodio del funcionario municipal, de cuyo espíritu y formalidad da cuenta el párrafo anterior, muestra hasta qué punto el cuerpo policial tiene un accionar basado en ciertas normas de respeto.

Cuando el flamante gobierno decidió sacar más policías y vehículos a la calle, era previsible que se generaran al menos tres situaciones: la reacción de la oposición poniendo el grito en el cielo, la resistencia de los manijeados por los líderes opositores y el aumento de las denuncias de maltrato policial.

El problema que tiene la oposición, más allá del claro desfasaje entre el relato del demorado y lo que muestran las imágenes (sumado a ciertos detalles endebles de otras denuncias) es la ciencia estadística.

Si aumentan los piquetes y el número de personas demoradas en la vía pública, es inevitable que también lo hagan las denuncias. Son muy pocos los países del mundo que han podido controlar la tensión propia de la acción policial y ninguno de ellos está en América Latina.

Lo que debemos asegurarnos es que las instituciones estén del lado de la ley y el respeto a las personas y que, en caso de que así no ocurra, las víctimas tengan donde diligenciar debidamente sus denuncias.

Pero ni las autoridades han dado instrucciones que vulneren derechos (“Usted se disculpa y se va a casa. No estamos para complicar a gente trabajadora”) ni tenemos por qué pensar que, de ocurrir tales extremos, van a tolerarlos.

Parte de la dirigencia opositora ha dedicado estos días a sobredimensionar o descontextualizar las principales decisiones de la nueva administración. El asunto es preocupante porque, en un país como el nuestro, los actores políticos parecían tener clara la diferencia entre la confrontación de ideas y la deslegitimación del gobierno.

Lo primero es un recurso de toda sociedad democrática madura, que vigoriza el debate y la búsqueda de soluciones. Lo segundo implica un principio de deslealtad institucional y de irresponsabilidad frente a la suerte de la comunidad.

No es de extrañar que un joven funcionario municipal, en este clima de manija y malhumor opositor, interprete que, frente a un piquete policial, una reacción desmesurada puede granjearle cierta popularidad y notoriedad.

El bumerán de las denuncias falsas o no debidamente acreditadas muestra un Frente Amplio doblemente perdido; parece apresurado en avalar cualquier expresión querulante, y alejado de los sentimientos populares más arraigados y urgentes, como el agobio ante la violencia delictiva y la necesidad de ver a las autoridades tomando medidas concretas de patrullaje, prevención y represión del delito.

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