Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Ministerio partidario

La decisión del Ministerio de Turismo de cancelar la declaración de interés turístico al "Congreso Regional Su-damericano por la Vida y la Familia", programado para noviembre próximo, es un hecho de una extraordinaria gravedad. Tanta que, de considerarse jurídicamente válida, estaríamos ante el fin del Estado de Derecho.

Según reconoció el propio ministerio, la decisión se fundamenta en que varias organizaciones sociales le hicieron saber a los jerarcas de Turismo que "esta actividad hiere profundamente su sensibilidad y podría entrar en contradicción con la política" de esa cartera. Así dicho, la resolución viola varias disposiciones consagradas por la ley, la Constitución y las declaraciones internacionales que protegen los derechos humanos.

Para empezar, viola el ar- tículo 8° de la Constitución, que establece que "todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes". A texto expreso, el ministerio distingue en base a la sensibilidad, colocando la de unos por encima de la de otros, en un tema típicamente controversial.

En una interpretación garantista, viola también el ar- tículo 58° de la Constitución (según el cual "los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política") en la medida que restringe los beneficios a los que tienen derechos los organizadores de encuentro, en atención a las consideraciones de fracciones opuestas a los postulados que en el mismo podrían llegar a expresarse.

Los funcionarios públicos están inhibidos de tomar acciones que no estén expresamente contempladas por la ley. Como parece obvio, no hay ninguna disposición legal que habilite a las jerarquías de Turismo a que puedan intervenir en diferendos filosóficos o de sensibilidades, lo que convierte esta resolución en un acto arbitrario.

El artículo 162° del Código Penal establece que "el funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares", estará cometiendo un delito. Pero hay más.

La decisión del Ministerio de Turismo también está en contradicción con la garantía establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la cual todo individuo tiene derecho a "no ser molestado a causa de sus opiniones". El hecho es aún más grave porque el congreso será en noviembre próximo, lo que significa que los molestados ni siquiera han opinado aún.

Si algo hubiera en los postulados filosóficos o en las actividades programadas para el congreso que contradigan la legislación, debería ser la Justicia la encargada de determinarlo; jamás la vía administrativa. Lo hecho vulnera principios básicos del Derecho como son la separación de poderes y las garantías del debido proceso.

A veces es por conservadurismo, otras por susceptibilidad y otras como parte de una estrategia política, pero siempre puede haber una coartada plausible para demonizar las opiniones contrarias a las propias. El Estado de Derecho coloca la ley por encima de todos y la libertad como ideal supremo.

Este tipo de prácticas atenta contra las libertades individuales y las garantías leales, por lo que deberían ser condenadas, combatidas y denunciadas con la mayor energía.

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