El oficialismo ha protagonizado un par de hechos que revelan la dimensión de sus problemas. Y de los nuestros.

El primero fue el episodio del Gucci, el cantante de plenas que se arrimó al Frente Amplio para apoyar a Martínez con una lista al Parlamento y debió bajarse por el escrache en las redes sociales y la presión del lobby feminista radical.

El segundo es la utilización, abusiva e inconstitucional, del portal de internet de Presidencia, para hacer propaganda electoral en contra de uno de los candidatos de la oposición.

Más allá de las consideraciones electorales de estos desaguisados están las profundas, que deben buscarse en el plano de las ideas y los principios.

La utilización de bienes y espacios públicos controlados por el gobierno, para campañas electorales del oficialismo es, antes que nada, una conducta propia de una tiranía caribeña. Al menos en el espíritu (y quizás también en el texto) viola preceptos constitucionales que protegen de la utilización partidaria y proselitista, lo que se administra en representación de toda la sociedad. Es un principio básico de la institucionalidad democrática y de un Estado basado en la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

El episodio de “el Gucci” tuvo aspectos más graves y dejó expuesto el vínculo de sometimiento que la dirigencia frentista ha generado con grupos de poder vinculados al feminismo ideológico y radical. Sin una condena judicial, incluso sin una denuncia firme, el artista fue expuesto al escarnio público y humillado, luego de haber si-do admitido como candidato a diputado y senador por el candidato a la Presidencia de su partido. Así de grave.

Pero dejemos que el marxismo cultural y de género resuelva sus problemas con el partido que controla y ocupémonos de lo que nos corresponde a quienes profesamos ideas auténticamente republicanas, liberales y progresistas, independientemente del partido al que votemos.

El avance de ideologías radicales y el debilitamiento del sentido republicano que alguna vez tuvimos no son problemas exclusivos de Uruguay. Se extienden por todo Occidente e impactan, incluso con mayor crudeza, en países de alto desarrollo humano y democrático. Vivimos una época en la que las redes sociales parecen haber derrotado dos mil años de una civilización, que se ha basado en el creciente sometimiento de los poderosos al imperio de la ley, la consagración de derechos humanos, amplios y variados, y en la consolidación de un tipo de gobierno que garantiza igual trato a todas las personas, con independencia de lo lejos o cerca que estén de los gobernantes.

Asistimos, por tanto, al enseñoramiento de una patota antimoderna, neopuritana y antiliberal, y por eso mismo, reaccionaria y regresiva, que ha roto los diques de contención en sectores y personas que creíamos en nuestro bando.

Y hay aún algo peor. Esta lucha, que se libra en la nueva frontera de la laicidad, no figura en la agenda de ninguno de los partidos que aspiran a conducir los destinos del país. Así las cosas, solo nos queda luchar por ganar la batalla de octubre, a riesgo de perder la guerra. O reaccionar.