Si la oposición cree que el proyecto de reforma constitucional del Frente Amplio busca distraer a la gente de los problemas económicos, se equivoca gravemente. Sería mejor que considerara la posibilidad de que la reforma constitucional sea la expresión más ambiciosa del verdadero problema que enfrenta la sociedad uruguaya.

Si la oposición cree que el proyecto de reforma constitucional del Frente Amplio busca distraer a la gente de los problemas económicos, se equivoca gravemente. Sería mejor que considerara la posibilidad de que la reforma constitucional sea la expresión más ambiciosa del verdadero problema que enfrenta la sociedad uruguaya.

El Frente Amplio ha tenido dificultades serias en la constitucionalidad con algunas leyes, votadas las más de las veces en solitario, pero no puede decirse que sus gobiernos hayan conculcado las libertades ni las garantías jurídicas. Por el contrario, su desempeño en esa y otras áreas de la convivencia democrática se destaca como uno de los mejores del continente, si es que esto significa algo más que una coincidencia geográfica, que nos permite compararnos con regímenes impresentables y sociedades turbulentas.

Los hechos indican que el proceso de reforma lleva varios años en el debate oficialista, y ha sorteado con éxito los sucesivos ámbitos internos a los que fue sometido. El problema central es que no se trata de una reforma inspirada en un deseo genuino de actualización normativa, sino en un asalto a la Carta Magna.

Algunos voceros del reformismo confesaron sin pudor que el objetivo es dar estatus constitucional a las reformas emprendidas durante los tres gobiernos frentistas, pretendiendo quitar del debate político lo que es, eminentemente, político (la instrumentalización de los objetivos programáticos de los partidos políticos), para consagrarlo en el altar de la “Ley de leyes”. La Constitución ya no expresaría un pacto social en el que todos nos podemos sentir suficientemente representados, sino que podría llegar a incluir un amplio abanico de cuestiones instrumentales e ideológicas.

Immanuel Kant advertía que la Constitución no debía tener señor, porque este sería también “un animal que necesita, a su vez, un señor”. Kant abogaba por una ciudadanía mundial y expresaba una concepción jurídica que hoy llamaríamos inclusiva, aunque en un sentido antagónico con el del neoconstitucionalismo que inspiró los procesos reformistas en países como Venezuela, Ecuador o Bolivia. Allí hay que buscar la ideología y la estrategia de la mayoría frentista, inspirada en los postulados postcomunistas del Foro de San Pablo (FSP).

Para Kant, una sociedad será valorada según lo que haga “en pro o en contra del sentido cosmopolita”, es decir, de su “buena voluntad” para reconocer la diversidad, proteger las culturas propias, asegurar la separación de poderes y la igualdad ante la ley, y garantizar la más amplia libertad de los ciudadanos, incluyendo desde luego, la económica.

Aunque aún no se sabe qué promoverán, los sectores hegemónicos del oficialismo no actúan con buena voluntad sino que buscan enseñorearse sobre la Constitución con sus ocurrencias y propósitos, expresión de un poder circunstancial y para nada cosmopolita. Para eso cuenta con la debilidad de los moderados y con el despiste de la oposición, que sigue jugando apenas a ganar elecciones.

El problema no es el déficit, la delincuencia o el Plenario del Frente Amplio. Parafraseando a James Carville, el estratega de Bill Clinton: “¡es el Foro de San Pablo, estúpido!”

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