La exhortación de la Institución Nacional de Derechos Humanos al gobierno para que permita la cadena de radio y televisión al Pit-Cnt es lo suficientemente grave como para hacer algunas consideraciones al respecto.

Se trata de una resolución extravagante, que pretende velar por un derecho que no es ni será vulnerado (el de “todas las personas a acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones”), obligando a todos los medios del espacio radioeléctrico del país a transmitir un mensaje al unísono; y a las personas, cuyos derechos dice proteger, a soportar una transmisión única, unilateral y no sujeta a refutación, matices o debate.

No hay ningún país en el que los sindicatos tengan una presencia tan relevante en los medios. Tanto que hace algunas semanas, el desarrollo de un “caceroleo” (manifestación de protesta contra el gobierno en medio de la emergencia sanitaria) fue cubierta en directo y en horario central, por algunos de los canales de televisión de mayor rating.

Lo que ocurrirá el 1° de mayo estará en consonancia con este estado de cosas: no habrá nadie en el país que, sin cadena obligatoria y teniendo interés en conocer la opinión del Pit-Cnt, vaya a verse privada de tal derecho.

Si miramos al mundo vemos que la “solución” propuesta por la Inddhh para un problema inexistente no se aplica en ningún país de alta calidad institucional y plena vigencia de derechos (como Uruguay), ni hay ninguna organización que trabaje por los derechos humanos y la libertad de expresión, ni ningún texto normativo internacional que consagre estos derechos, que plantee semejante requisito.

Dicho de otro modo, las organizaciones sindicales, religiosas, políticas, empresariales, vecinales, ambientales y sociales en general, pueden gozar plenamente de su derecho a expresarse (y el público a informarse) sin tener que recurrir a un sistema coercitivo como la cadena obligatoria de radio y televisión.

Acceder a la información veraz, variada y fluida, es uno de los requisitos fundamentales para una democracia robusta, resiliente frente a los embates de la corrupción, la demagogia y el autoritarismo. La legislación y las buenas prácticas de las instituciones públicas y privadas buscan garantizar el pluralismo, la no discriminación, la independencia de los medios, la transparencia y la ausencia de censura o autocensura.

Todos estos principios se respetan en Uruguay, por lo que la resolución del Inddhh, que no protege derechos vulnerados o en riesgo, puede terminar convirtiendo lo excepcional en canónico y preceptivo, sin fundamento jurídico o fáctico alguno.

Como si fuera poco, se pasa por alto la preocupación demostrada por el gobierno, de asegurarle al Pit-Cnt importantes espacios en los medios públicos, para garantizar que no se deje de escuchar su voz en el Día de los Trabajadores.

Es preocupante que una institución encargada de velar por los derechos de todos e integrada por personas de alta calificación profesional y humana, atropelle contra el sentido común y de equilibrio, para sobreproteger a una de las organizaciones más poderosas del país. Tan poderosa que permea fácilmente la agenda y los espacios en los medios, sin necesidad de obligar a nadie a actuar contra su voluntad.