Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Crujidos

El fiscal Morosoli imputará a Manini por el “Caso Gomensoro”.

En el mismo expediente, Morosoli dejó afuera al presidente Vázquez y a su secretario, Miguel Toma, a pesar de que el ex ministro de Defensa, Jorge Menéndez, dijo que lo había puesto al tanto del tenor de las denuncias.

Manini respondió acusando a Morosoli de haber actuado mandatado, y el periódico de su familia, La Mañana, comparó la decisión del fiscal con la persecución del régimen “cívico militar” contra Wilson Ferreira Aldunate. Un panorama delicado.

La imputación contra un candidato a la presidencia de la República siempre termina por convertirse en un hecho político.

Prueba de ello es que el ministro de defensa, José Bayardi, declinó sancionar a Manini cuando este dijera, en el lanzamiento de su candidatura, que Vázquez era un canalla y un irresponsable, alegando que no quería cortarle su carrera política.

Es llamativo que un partido con la retórica y las ideas de Cabildo Abierto no haya sido criticado con energía desde el Frente Amplio.

Puede entenderse la reticencia de los dirigentes nacionalistas, colorados y emepepistas, que comparten electorado con la novel agrupación, pero no del resto de la izquierda frentista. A menos que hayan interpretado que el crecimiento de Manini está operando su favor.

Por un lado, el éxito de Cabildo Abierto fragiliza el electorado de los partidos históricos. Por otro, una votación importante en octubre lo convertiría en un actor ineludible de un gobierno de alternancia, ofreciéndole a la propaganda oficialista una oportunidad de activar la campaña del miedo al regreso de los militares, contra el candidato opositor que enfrente a Daniel Martínez en la segunda vuelta.

Nada de esto dejaría de ser una mera anécdota de campaña si no estuviera en el medio la decisión de un fiscal de imputar a uno de los competidores principales, liberando de culpa y cargo a miembros del Poder Ejecutivo que estaban implicados y convergiendo, en los hechos, con la estrategia oficialista Todo esto ocurre mientras, en otra parte del reino, otro fiscal marea el expediente que complica al ministro de Salud Jorge Basso, acusado por un juez de haber desacatado por dos veces sus decisiones. Un caso que, a pesar de la flagrancia, no parece avanzar con la debida diligencia.

La reacción de Manini y La Mañana contra la decisión de Morosoli son dos exabruptos, a tono con los comentarios denigratorios contra el sistema de Justicia, vertidos por el general con motivo de los tribunales de honor. Parece un modus operandi. Hace pocos días, Manini vinculó al gobierno con el narcotráfico y debió dar marcha atrás al carecer de pruebas de tan grave acusación.

Otra cosa es la decisión de Morosoli, un hombre que llegó a su alto cargo apalancado por el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, que tendrá repercusiones políticas impredecibles, cuando bien pudo alejar el evento de la campaña electoral sin resentir las garantías y formalidades del debido proceso.

Imputación penal contra líderes, blindaje de figuras del gobierno, tiros por elevación que perjudican a la oposición y agravios contra oficiales de Justicia. Cuando estas cosas pasan en plena campaña electoral, la república cruje.

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