Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Arenas del Tercer Mundo

Muchos de los que tenemos más de 50 años nos hicimos de izquierda siendo muy jóvenes, en los años 70 y 80 del siglo pasado, como rechazo a unos partidos que tomaban al Estado como un coto de caza y despilfarraban el dinero de la gente para mantenerse en el poder.

El fasto oficialista del Antel Arena, construido sobre las ruinas que dejó el incendio nunca aclarado del Cilindro, no es un salto de calidad, como dijo el intendente Martínez, sino un continuo de populismo tercermundista, que reaviva aquella alergia juvenil.

Lo que hace a un país pertenecer al primer mundo no es la construcción de infraestructuras de acero, vidrio y fibra óptica. No hay tiranuelo o caudillejo tercermundista que no se haya sacado el gusto. Son los motivos y los procedimientos lo que muestran la calidad cívica y política de una comunidad.

Si la necesidad de tener un recinto multipropósito de estas características y dimensiones fuera real, alguno de los partidos que compitieron en las elecciones del 2014 lo habrían planteado. Incluso el partido que resultó ganador.

La única razón por la cual se embarcó al país en este emprendimiento es el incendio del viejo Cilindro Municipal, una estructura vetusta administrada por la Intendencia de Montevideo. Con la aparición del faraónico proyecto los montevideanos dejamos de pedir explicaciones sobre el incendio y las ruinas. La maniobra incluyó el dantesco espectáculo de la demolición, acompañado de vítores, como si se tratara del abatimiento de los muros de un campo de concentración.

El emprendimiento no contó con el entusiasmo de todo el oficialismo y estuvo a punto de enlentecerse, cuando las estrecheces económicas obligaban al ministro Astori (quien no participó de la inauguración) a afinar prioridades. En ese momento, el coloso iba a costar unos 43 millones de dólares, la mitad de su precio final.

Para colmo, el Tribunal de Cuentas de la República estableció que el emprendimiento era inconstitucional porque violaba el principio de especialidad que rige la actividad de los servicios descentralizados.

Ante esta decisión, la actual ministra de Industria Carolina Cosse y mentora del coloso, dijo que, como "no es una sentencia, no es un fallo, ni tiene acción suspensiva alguna", se iba a seguir delante de todos modos. Una respuesta que, en un país del primer mundo, donde las resoluciones de los organismos de contralor se cumplen sin chistar, habría causado una crisis institucional.

La última perla del collar es la negativa a informar a tiempo y en profundidad sobre una inversión que, además de no haber sido planificada, no estuvo debidamente presupuestada, ya que terminó costando el doble.

No es un problema entre el oficialismo y la oposición. Nadie desconoce las ventajas de contar con un establecimiento de estas características. El problema es con quienes creen que los objetivos políticos se pueden obtener salteándose elementales criterios de planificación, ponderación de prioridades y respeto a las normas.

No vaya a ocurrir que las nuevas generaciones terminen haciéndose de derecha como rechazo a un partido que toma al Estado como un coto de caza y despilfarra el dinero de la gente para mantenerse en el poder.

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