Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Abuso de poder

"Fue un título que no debió haber sido así… para adelante, tenemos que tener mucho más cuidado en el armado y difusión de las noticias, porque no solo hay que serlo, hay que parecerlo. No se puede dar a la población la idea de que se utiliza un mecanismo del gobierno para entrar en el proceso electoral”.

El arrepentimiento corresponde al prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, en una de las ya frecuentes arremetidas de la Presidencia de la República contra la oposición desde su página web. No fue la primera ni la última pero sí una lo suficientemente grave como para que no pudiera ocultarse.

Lamentablemente, Roballo no hizo nada, o lo intentó y no le hicieron caso. El episodio que derivó en la interposición de un recurso de amparo por parte del Partido Independiente, tal como consagra la ley 16011, (los dichos de Murro contra Arbeleche reproducidos en la página web de Presidencia) es más cercano en el tiempo, e incluso más grave, por perpetrarse en plena campaña electoral.

Esta acción, deliberada, consciente y ratificada, consagra una utilización ilícita de recursos públicos, al difundir en la página web institucional de Presidencia, comentarios que buscan influir en el electorado sobre temas de controversia entre las facciones políticas.

Una acción típicamente proselitista, que le está vedada por la Constitución, y que causa un daño innegable a los partidos de oposición, obligados ahora a competir con los candidatos del partido de gobierno y con el propio gobierno, puesto en propagandista de sus méritos y crítico de sus oponentes.

El presidente Vázquez, responsable de estas acciones, parece ignorar una vez más (le ocurrió igual cuando, desde la misma página y en un acto abusivo sin precedentes, escrachó a un colono con el que había mantenido una controversia) que las limitaciones establecidas por la Constitución, las recomendaciones de los organismos internacionales y la cátedra y toda la literatura disponible, buscan salvaguardar valores esenciales de la democracia, como la neutralidad del poder público y las condiciones de igualdad, equidad y equilibrio que debe observar, especialmente en medio de un proceso electoral.

La libertad de expresión del pensamiento es un componente sustancial de la calidad democrática. Para que la ciudadanía pueda tomar decisiones auténticamente libres, se requiere el acceso a información variada y de calidad, pero también un entorno de instituciones públicas que queden al margen de cualquier intento de influir o controlar las decisiones del soberano.

La cátedra es, en este sentido, unánime. Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es fundamental que se aseguren prácticas que “garanticen y permitan la igualdad de los competidores” y “la neutralidad de los poderes públicos”.

Pero más allá de las decisiones de un Ejecutivo en retirada, está el silencio de quienes se benefician de sus abusos. Este episodio deja abierta una pregunta crucial: si ganara la Presidencia de la República Daniel Martínez, cuya voz ha permanecido en silencio frente a esta vulneración de derechos, ¿utilizaría también todo su poder para manejar el aparato estatal para refutar a sus competidores y torcer la voluntad popular en su favor?

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