Yo creía que los uruguayos del exterior debían de poder votar en nuestras elecciones.

Dos motivos me hicieron cambiar de idea: la decisión muy mayoritaria del pueblo, que laudó el asunto en 2009; y los argumentos que me dio mi querido amigo Rodolfo González Rissotto.

Rodolfo me hizo analizar bien algo que nos resulta natural pero que, en realidad, no lo es tanto: nuestra democracia definió una excepcional arquitectura institucional garantista para dar total certeza sobre el escrutinio de los votos. La Corte Electoral, que tiene casi un siglo y que fue constitucionalizada en 1934, con su independencia de los demás poderes del Estado; su monopolio en los temas electorales; su integración que contempla ministros neutrales y partidarios, y que exige mayorías especiales en el Parlamento; y su registro de votantes propio y autónomo, es el pilar fundamental de todo el sistema, así como el control multipartidario al momento de los conteos de votos en varias y distintas instancias.

Rodolfo decía que el voto por correo o el que se expresara en consulados o embajadas traía consigo un riesgo enorme de fraude electoral. Que por mucho que de positivo pudiera tener la participación de uruguayos residentes fuera, en realidad importaba mucho más para el país la certeza de la fidelidad del escrutinio que debía de ser custodiada como un valor supremo -mucho más, además, si se comulgaba con los valores de los blancos-. Que, en definitiva, si somos la mejor democracia del continente es también y sobre todo, porque nuestros resultados electorales son siempre respetados ya que nadie duda de la legitimidad, justicia y transparencia de todo el sistema.

En este año de elecciones nos beneficiamos al menos dos veces de esa gran calidad institucional. Primero, cuando el candidato Martínez no reconoció la derrota en la noche del balotaje, y todo el país esperó entonces, con paciencia, paz y certeza, el conteo exacto de la Corte que llevó varios días. Segundo, cuando a fin de setiembre todo el mundo por internet pudo seguir el detalle del conteo definitivo de la pareja puja en Treinta y Tres, que terminó con el triunfo del candidato a intendente Silvera.

Lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la elección presidencial es gravísimo: no hay allí garantías que aseguren que se respeta la transparencia y la justicia del sufragio. En efecto, ¿cómo es que se puede votar por correo y que incluso esos votos lleguen a ser escrutados días después de abiertos y contados los sobres de quienes efectivamente sufragan el día de la elección? ¿Qué garantías de control satisfactorio tienen los partidos en ese proceso? El riesgo de fraude es, evidentemente, enorme.

Para la instancia de reclamos electorales: ¿cómo se pueden dirimir con aceptada legitimidad diferendos que terminan en instancias de los poderes judiciales de los Estados federados, con sus discutibles casuísticas, o en la mismísima autoridad judicial federal mayor? El riesgo de politización y deslegitimación que ellos conllevan para uno de los principales poderes del Estado es gravísimo para la estabilidad institucional democrática del país.

Contar los votos con las garantías más absolutas es de las dimensiones más sustanciales para la buena salud de cualquier democracia.