A veces, cuando la negociación salarial en el Estado se pone complicada, surge la información de cuánto en verdad ganan algunos funcionarios públicos. Esta semana, en nuestra hedionda y mugrienta capital, saltó la liebre de los relativamente privilegiados municipales de Montevideo y de su salario promedio nominal de $ 73.000.

A veces, cuando la negociación salarial en el Estado se pone complicada, surge la información de cuánto en verdad ganan algunos funcionarios públicos. Esta semana, en nuestra hedionda y mugrienta capital, saltó la liebre de los relativamente privilegiados municipales de Montevideo y de su salario promedio nominal de $ 73.000.

Ese promedio encierra disparidades. Al 2012, el último año que informa en su web la Intendencia, había un total de 8.466 funcionarios. De ellos, 5.507, es decir dos de cada tres, entraron a trabajar a partir de 1990; o sea, con administración frenteamplista. Los presupuestados, el 75% del total, cuentan con varios beneficios, entre los cuales está la “compensación unificada”, por la que perciben en general, además, un 30% de sus salarios base. Pueden recibir también la “compensación familiar”, que suma 16,5% sobre el salario mínimo municipal; y si van a trabajar siempre, cobran un extra de medio aguinaldo más una vez por año.

La escala salarial es amplia, con un total de 22 grados. Cuanto más alto el grado, mayor salario. Un funcionario grado 14, por ejemplo, por 40 horas semanales, gana $ 62.955. Y es importante porque, para comparar, un profesor titular grado 5, que es el mayor grado de la Universidad de la República, ganaba a enero de 2015 y por la misma cantidad de horas un sueldo nominal muy parecido. Las jerarquías de la Intendencia están mucho mejor pagas: un director de departamento, más de $ 133.000 por mes de sueldo base; y un director de división, más de $ 106.000.

El principio general no es novedad. Por un lado, los funcionarios públicos, siempre, tienen mejores condiciones de trabajo que los privados. No solamente porque tienen la certeza del empleo asegurado, sino también porque reciben beneficios que los privados por lo general no perciben. Por otro lado, dentro del propio Estado la desigualdad salarial es enorme y señala, de hecho, que sus prioridades no responden a las verdaderas necesidades del país. Es aquella vieja idea de que el portero del Banco República gana más que el profesor de Secundaria, conocida por todos.

Hubo una década de bonanza económica y de enorme legitimidad política para cambiar esta realidad. Pero el Frente Amplio se quedó en el florido y vacuo discurso de la reforma del Estado. Nunca contrarió los intereses creados de una élite funcionarial que sigue siendo privilegiada en desmedro de los intereses vitales del país, y, en particular, de los que exigen una mayor inversión en educación pública para los barrios populares urbanos. La capitalización de Ancap es otro ejemplo en el mismo sentido: sus funcionarios vieron crecer sus salarios más que el resto; sus directores invirtieron en disparates y malgastaron dineros públicos, pero todo seguirá más o menos igual a como estuvo en estos años.

En este esquema, es enteramente racional que el uruguayo medio aspire a salvar su situación trabajando en el Estado. Pero también es cierto que la era progresista debiera de admitir, con sinceridad, que este no puede ser el país de primera prometido. Admitamos, ya descreídos, que fue un verso que sedujo con éxito a nuestra consciencia nacional siempre indolente, diletante, cicatera y conservadora.