Los desafíos de la pandemia exigen definiciones políticas sustanciales. El gobierno arbitró algunas el miércoles pasado, y el Frente Amplio (FA) hace semanas que viene planteando otras.

El presidente Lacalle Pou no está dispuesto a ir hacia un Estado policíaco, de cuarentenas obligatorias y de limitaciones radicales de las libertades individuales. La decisión de reglamentar el artículo 38 de la Constitución es tomada como se debe, es decir involucrando al Parlamento, por motivos excepcionales y por un máximo de 120 días.

Nada de esto es casualidad, sino que responde a la filosofía política más profunda que anima al Partido Nacional en torno al respeto de las libertades públicas, y que comparte, sobre todo, con el Partido Colorado. El gobierno insiste en los cuidados individuales, en mantener abierta la economía y en sostener a los más débiles con mayor gasto social. Ahora, además, se da herramientas legales para sancionar a los que groseramente incumplen con las recomendaciones de salud pública ante la pandemia.

Distinta es la posición del FA. Por un lado, periódicamente plantea repartir dinero a través de una renta básica. Es evidente que, si ese hubiese sido el camino emprendido por el país en marzo, hoy el desequilibrio económico sería catastrófico; y es evidente también, que detrás de esa idea hay dos pulsiones nefastas: la de la demagogia política más vil, y la del pensamiento mágico más infantil, ese que cree que el Estado es una fuente de dinero inagotable a ser repartido dispendiosamente.

Además, hay un sesgo obvio en el FA: como la inmensa mayoría de sus dirigentes son funcionarios públicos o viven de prebendas del Estado, un cierre económico y social poco les afectaría, en realidad, en la merma de sus propios ingresos, sobre todo si se la compara con el daño enorme que esa medida generaría en el mundo trabajador y productivo del país.

Por otro lado, la izquierda política y cultural cae en contradicciones ridículas. Cede a su impulso autoritario, ese que quiere implantar medidas severas como la cuarentena obligatoria, que limita la movilidad individual, encierra a la población y hace quebrar a las empresas privadas; pero mantiene incólume su adolescente necedad opositora, esa que le hace creer, en plena pandemia, que aglomerarse tras el estruendo de unos tamboriles es un ejercicio de resistencia simbólico frente a un gobierno autoritario, y esa que le hace acongojarse hasta la angustia porque se reglamente el artículo 38, como si por ello fuera a implantarse la dictadura de Pinochet en Uruguay.

El FA exige todo y su contrario a la vez, imbuido de ese espíritu religioso que caracteriza a la ceguera obtusa de sus militantes, a quienes nunca les interesó entender razones. Ellos viven moralmente satisfechos de ser llevados de su nariz dogmática tras la reptil demagogia, el irresponsable infantilismo, y la inconducente y malhumorada queja: tres de las cosas que Miranda y su impostada sonrisa de yerno meritorio representan con impar esmero.

Cuando dentro de un tiempo la pandemia quede atrás y se evalúen comparativamente las medidas tomadas por Uruguay, se harán del todo diáfanos la responsabilidad y el pragmatismo con los que actuó el gobierno: ha tomado, siempre, por el camino posible y más democrático.