Uno de los buenos aportes que trajo el movimiento "Un so-lo Uruguay" es el de atreverse a llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, al cuestionar el nivel de pobreza en el país.

Hay distintas formas de estimar la pobreza, pero la más utilizada es la que mide el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que es calculada por el método de ingreso. Los resultados de los últimos años han sido positivos: los pobres son menos del 10% del total de la población y además con una evolución a la baja (9,7% en 2014; 9,4% en 2015 y 2016; y 7,9% en 2017).

Para cualquier ciudadano sin grandes conocimientos estadísticos, estos resultados del INE son difíciles de contradecir ya que además cuentan con una enorme legitimidad social y política. La convicción de que ellos están en verdad alejados de lo que realmente ocurre en el país queda por lo general confinada a la discreción del espa- cio íntimo, ya que porta la sospecha de ser inválida por muy subjetiva. Cuando por ventura se hace pública, como en el ejemplo del movimiento "Un solo Uruguay", nunca falta algún comentarista universitario, siempre afín al gobierno, que recalca con énfasis de reproche la ontología casi que arbitraria de tal convicción que, por tal, menoscaba además irresponsablemente la seriedad institucional del país.

El problema es que aun suponiendo que la forma en la que trabaja el INE fuera intachable, algo que recientemente puso seriamente en cuestión nada menos que su sindicato en el Parlamento, no deja de ser cierto que las cifras oficiales efectivamente subestiman la pobreza, tal como con toda razón intuye el sentido común ciudadano. Y el motivo está en los cálculos estadísticos concretos.

En efecto, para el INE, según cifras de abril de 2018, si una persona percibe más de $ 13.019 en Montevideo, más de $ 8.524 en el Interior urbano y más de $ 5.701 en el Interior rural, ya no es considerada como estadísticamente pobre. O, lo que es lo mismo, la cifra de 7,9% de pobres en todo el país implica que ese es el porcentaje de uruguayos que perciben menos que esos tres ingresos per cápita en esas tres regiones definidas por el INE.

Así las cosas, es muy razonable que el ciudadano crea que, alguien que resida en un hogar unipersonal en la capital de Maldonado y que perciba $ 8.700 al mes, que según la estadística oficial no es pobre, sea alguien que en realidad es pobre.

Las estadísticas oficiales deberían reflejar ese sentido común ciudadano. Podrían calcularse como en España, por ejemplo, en donde el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Como la mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja a una mitad de ellos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima, la pobreza dependerá del nivel de ingresos y de su distribución.

En cualquier caso, lo inadmisible es que tengamos un INE que estime niveles de pobreza tan bajos sobre la base de cálculos de ingresos tan escuálidos, y que quien critique esas estimaciones por irreales, sea acusado por el servilismo oficialista de dinamitar la credibilidad de las instituciones.

Al contrario: hoy, con esos cálculos, esa credibilidad se dinamita sola.