Es un tema inconcebible que sigue sin resolverse y que ilustra bien la trágica decadencia de nuestra convivencia civilizada.

Se trata del casi centenar de indigentes, sin techo, al-cohólicos, violentos, vagos, locos, y quizá alguno de ellos sea todo eso a la vez, que hace ya más de un año que se instalan todos los días en la sede de la Facultad de ciencias sociales de la Universidad de la República. Además de pasar el rato, se supo en su momento que algunos de ellos agredían, robaban, amenazaban y acosaban sexualmente a funcionarias, limpiadoras y estudiantes. Por cierto, también meaban y vomitaban en salones de la Facultad; y navegaban en internet en su sala de informática.

El semanario Búsqueda informó el jueves pasado que, asesorados por algunos estudiantes y profesores, crearon ahora un colectivo llamado “Ni todo está Perdido”. Piden que se les permita asistir seis meses más a la Facultad, porque, alegan, “dar como solución que las personas en situación de calle solo puedan acceder a espacios creados específicamente para ellas separa y margina, limitando la libre circulación de las personas en las distintas instituciones y espacios públicos”.

La Facultad respondió que por un plazo de dos meses más esta gente podrá seguir ingresando a la sala de informática, para luego “ir cerrando paulatinamente la entrada”. Pasado más de un año pues, es notorio que sigue sin poder resolver el problema de raíz: no logró, ante una situación tan grave, habilitar la entrada solamente a aquellas personas que efectivamente mantengan un vínculo institucional con la Facultad.

¿Cómo es posible que algo tan elemental no se haya aplicado ya, de forma de garantizar la seguridad de estudiantes, funcionarios y profesores en sus tareas?

¿Qué prejuicios ideológicos tan potentes y qué desidia moral tan extendida hacen que allí donde se concentra la mayoría de los universitarios que estudian e investigan a la sociedad uruguaya, rentados con dineros públicos, pasen los meses y no se consiga fijar mínimas condiciones de convivencia civilizada?

Imagínese por ejemplo un padre de familia que reside en Durazno y que con mucho sacrificio financia la vida de estudiante universitaria en ciencia política de su hija de 18 años que acude a esa Facultad de Montevideo, ¿por qué debiera de aceptar con naturalidad que en la sede a la que ella asiste vagabundeen marginales que, además, reivindican un delirante derecho de estadía y que, por si fuera poco, son apoyados en esa pretensión por… estudiantes y profesores? ¿Quién defiende a esa familia de tales dislates?

Los protagonistas de esta barbarie universitaria profesan un izquierdismo de pacotilla, que cree conjugar lo que su dislexia conceptual asegura es una especie de Foucault para progres, y que por tanto considera legítimo que una Facultad sea un albergue lumpen. Y lo que todos debemos tener claro es que es allí, y no en otra parte, que estudian y dan clases la inmensa mayoría de quienes luego interpretan nuestra historia, sociedad y política, con un sentido además explícita o implícitamente pro frentista.

Esa gente consiente gratamente (o acepta resignada) que unos indigentes les caguen en sus salones de clase. Y están convencidos de que eso es una Facultad.