Francisco Faig
Francisco Faig

La gran mentira

Con los pedidos de procesamiento de nueve exjerarcas de Ancap y sus subsidiarias a nadie puede caber ya duda alguna de que allí había problemas serios de gestión empresarial y manejo de dineros públicos. Pero esa no es la única conclusión.

Primero, la fiscalía señala que algunos de los episodios investigados no merecen reparos penales pero sí pueden recibirlos en otros ámbitos. El asunto no es menor, ya que la trama de Ancap ha puesto el foco mediático y político en lo penal. Sin embargo, el incumplimiento de ALUR con el BPS, por ejemplo, pudo no tener derivaciones penales, pero es claro que hubo allí una falla administrativa. Otro ejemplo: las responsabilidades penales por los sobrecostos en la construcción de la planta de cal de Treinta y Tres fueron descartadas, pero ellos siguen siendo impropios de una buena administración.

Segundo, habla bien de nuestro orden institucional que se pidan procesamientos de exjerarcas importantes, y sobre todo del exvicepresidente de la República, mientras gobierna el partido que defendió, cobijó y hasta justificó por años todos estos malos manejos de Ancap. Incluso el juego de pesos y contrapesos propio de una democracia funcionó relativamente bien al final de cuentas, ya que el Frente Amplio no logró que Diputados terminara de apoyar en este año la derogación del delito de abuso de funciones que sí había sido votada por sus senadores. Ha sido ese delito, justamente, el principal protagonista en los pedidos de procesamiento.

Tercero, por mucho que se entiendan técnicamente los argumentos fiscales, es una pésima señal social que los que pueden terminar confirmándose como delitos de abusos de funciones, peculado y estafa, no impliquen siquiera una estadía breve en la cárcel. En el mismo sentido, declarar que no hubo enriquecimientos o beneficios personales en favor de los exjerarcas parece, al menos, apresurado.

Según el fiscal, los levantamientos de los secretos bancarios mostraron que no hubo ganancias patrimoniales de ninguno de los involucrados. Además, un equipo estudió la evolución económico-patrimonial de cada uno de ellos y de sus personas vinculadas y no encontró nada que permitiera suponer un enriquecimiento. Sin embargo, cuesta creer que esa fiscalía haya tenido los recursos y la posibilidad de investigar el amplio mundo financiero internacional y sus vericuetos y escondrijos.

Es que quien tenga dos dedos de frente y quiera esconder un beneficio ilícito no guardará esa fortuna mal habida en su caja de ahorros del República, ni comprará varias casas y automóviles a nombre de algún familiar. Además, en el caso concreto de Sendic, usar la tarjeta corporativa de Ancap por un monto mayor a los 50.000 dólares en compras que muy mayoritariamente no justificó, ¿acaso no es enriquecerse indebidamente? ¿O se cree que como ese monto no es tan grande o como seguramente hubo compras que no fueron para su uso personal entonces no se favoreció tanto?

El caso de Ancap, como el de ASSE o el del cierre de Pluna por mencionar dos más de los muy notorios, ha dejado al descubierto la gran mentira frenteamplista: que la izquierda contaba con los mejores elencos, y muy capacitados, para conducir los asuntos del Estado. Evidentemente, no es verdad.

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