Al llegar al poder, si la seguridad pública no mejoraba rápidamente el nuevo gobierno iba derecho al fracaso. Hoy que lo peor de la pandemia ya pasó, de vuelta asoman como relevantes qué resultados hay en el combate al delito.

Recordemos de dónde venimos. En 2014, cuando Vázquez fue electo, reconoció el grave problema de la inseguridad y prometió bajar las rapiñas, que fueron 20.097 en ese año, en un 30%. En 2017 las rapiñas bajaron solo a 19.441, es decir que la promesa seguía incumplida. Pero la situación empeoró luego terriblemente: en 2018 se llegaron a denunciar 29.904 rapiñas. Por su lado, los asesinatos subieron a 414 en 2018, y sumaron un dato espeluznante: 201 de ellos no fueron aclarados. La seguridad pública estaba así, notoriamente, fuera de control.

¿Qué pasó con el nuevo gobierno? Todos los datos han mejorado desde marzo de 2020, ya sea con quédate en casa o con movilidad normal; o ya sea con forzoso freno económico o con crecimiento. Datos: entre enero y junio de 2020 hubo 178 homicidios y 14.925 rapiñas, y en ese mismo período, pero de 2021, bajaron a 131 y a 12.383 respectivamente. Dos conclusiones rápidas: hoy estamos mucho mejor que hacia el final del gobierno de Vázquez (2019); y nos vamos acercando rápidamente a mejorar la situación del final del gobierno de Mujica (2014) que, de todas formas, era también muy mala.

¿Cómo se obtuvieron estos resultados? La mala fe izquierdista, más tribunera en la línea Paternain o más sanatera en la línea Trajtenberg, pretende relativizar toda responsabilidad de gestión y de política de parte del gobierno. Las mejoras responderían así a las consecuencias de la pandemia mundial; a la mala contabilización de los crímenes; o a razones analíticas que ni Feyerabend sabría definir bien: como respondió Trajtenberg cuando se le preguntó si hay algo que esté haciendo el gobierno que pueda explicar la baja de los delitos, “no tengo conocimiento de todas las políticas que se están desarrollando”.

La realidad, que percibe todo el mundo que no respire el aire de encierro malsano del comité de base, es que hubo un cambio en la actitud de la policía que ahora sí se siente respaldada por el poder político; y que se aprobaron herramientas en la ley de urgente consideración (LUC) que notoriamente están sirviendo: el caso paradigmático, por ejemplo, es el de la baja radical de los abigeatos.

Todo esto ha sido posible porque hubo una alternancia en el poder. Cuando aún ni siquiera se ha llegado a la mitad del período de la administración Lacalle Pou, y a pesar de la tragedia de la muerte del ministro Larrañaga que implicó un reacomodamiento político importante en un lugar clave, los resultados están a la vista y son contundentes. Para decirlo claramente: si el Frente Amplio gobernara estaríamos en más de 32.000 rapiñas al año, en vez de las aproximadamente 20.000 con las que cerraremos el 2021. Ni los Paternain ni los Trajtenberg, que abundan en la izquierda, lo reconocerán. Pero esa es la realidad.

El posible referéndum por los 135 artículos de la LUC debe poner el foco del debate en dos o tres temas centrales. El de la inseguridad es uno de ellos, porque fue un tema por el cual el pueblo votó a conciencia un cambio. Y está dando buen resultado.