Francisco Faig
Francisco Faig

Deriva autoritaria

Evitemos que surta efecto la anestesia general que aplica la hegemonía cultural- social de izquierda cuando el gobierno del Frente Amplio viola principios democráticos elementales. Hay que denunciar el disimulo, la mala fe y el silencio cómplice.

Ocurrió en otoño y también la semana pasada: frente a ciudadanos cuyas manifestaciones pacíficas desagradan al gobierno, la reacción oficial ha sido exponer a la opinión pública sus antecedentes negativos, morales o penales, de forma de deslegitimarlos. No hay casualidades o errores: se trata de una política deliberada y repetida que ha afectado, al menos, a aquel excolono que tuvo un altercado con el Presidente, a aquel padre de familia que se quejó de los servicios del Mides y, ahora también, a un manifestante que irritó al ministro del Interior.

Ha quedado bien claro: el Frente Amplio en el poder no da ninguna garantía de que la información que el Estado posee de los ciudadanos sea utilizada con la privacidad que la ley impone. Hoy es un antecedente penal; mañana, un problema en DGI que transforma al quejoso manifestante en un indeseado mal pagador; luego, se publicará en una página web oficial que tal crítico del gobierno está anotado para fumar cannabis legal y que por tanto es un drogadicto sin remedio; traspasado mañana, se filtrará que tal otro sufrió una sentencia civil contraria o que fue denunciado por su expareja por violencia doméstica (aunque luego nada se haya probado); o, finalmente, si la queja es económica, los datos de inclusión financiera permitirán al gobierno publicitar los balances bancarios y las compras relevantes más recientes del eventual disgustado opositor.

Aquel que crea que todo esto es ciencia ficción asustaviejitas, porque se prohíben legalmente semejantes arbitrariedades, que relea la ley de protección de datos personales. Entre otras cosas, dice: "los datos objeto de tratamiento no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención", y "los datos personales relativos a la comisión de infracciones penales, civiles o administrativas solo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes".

O sea: ya pasó. Ya violó el gobierno esta ley en reiteración real. Ya mostró su total impunidad y arbitrariedad. Y su señal es clara: infundir miedo en todos aquellos que en el futuro quieran expresar críticas, sean analistas políticos, dirigentes opositores o simples ciudadanos descontentos.

Ante esta falla democrática sustancial, ¿qué han dicho los referentes sociales, políticos y culturales de izquierda? La academia, en particular de ciencia política y de derecho; los intelectuales socialdemócratas afines al Frente Amplio, que se angustian por la deriva derechista y autoritaria del continente; y tantos otros periodistas, opinólogos, analistas y líderes de opinión pública: todos han preferido mirar para el costado y silbar bajito. Salvo la honrosa excepción de la Institución Nacional de Derechos Humanos que se quejó como en abril pasado, todos han optado vilmente por callar.

Con esos silencios desidiosos, clientelistas, serviles o cómplices, contribuyen a legitimar esta grave y confirmada deriva autoritaria del Frente Amplio en el poder.

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