Una de las características del Uruguay es el gran protagonismo del Estado en la economía y en la sociedad; en particular, la longeva y amplísima esperanza popular de incorporarse a la función pública para alcanzar un mayor bienestar.

Hay un mito que dice que los salarios públicos son bajos. En realidad, como ha mostrado muchas veces Alberto Sayagués, si se comparan los empleos de baja calificación, los ingresos de los públicos aventajan a los de los privados. Y los datos no son teóricos: alcanza con suponer racionalidad en los centenares de miles de uruguayos que se anotan regularmente en todo tipo de llamados para ingresar a la función pública, para deducir que les asiste razón en considerar que es mejor ser contratado por el Estado, en cualquiera de sus instancias, que por una empresa privada.

Mejor quiere decir que el salario, los beneficios asociados y la certeza del empleo sin riesgo a largo plazo hacen preferibles esos trabajos frente a los del sector privado. Mejor implica que, sin gran calificación educativa, la opción por lo público se hace evidente; y mejor implica, incluso en estamentos más calificados, salarios quizá no tan altos comparativamente pero sí mucho más seguros, por lo que, al fin de cuentas, también superiores a los privados de similar exigencia.

No interesa exponer ahora porqué esto es así. Lo que realmente importa es asumir que ese es el horizonte de expectativas de la inmensa mayoría de la sociedad, sobre todo en sus clases medias y populares, y que por tanto el clientelismo es su gramática esencial. Ella ha sido compartida, con matices, por todos los partidos políticos en todas las épocas.

El éxito electoral de los 15 años del Frente Amplio (FA) puede analizarse a partir de la inicial promesa clientelista luego hartamente cumplida, que se tradujo por centenares de miles de nuevos ingresos estatales y facilidades jubilatorias. La red clientelista abarcó también a las pequeñas élites urbanas, como por ejemplo a la formada por la generación 83 izquierdista. Contratos, mejoras salariales y cargos jerárquicos cayeron como anillo al dedo de los cuarentones clases medias frenteamplistas (y montevideanos) que en 2005 precisaban dar un salto vital de ingresos y seguridad laboral, de esos que sólo lo público es capaz de brindar en Uruguay.

Todo esto es bien conocido. El problema es que ese clientelismo estatista ha encontrado una nueva versión, incluso más dañina que la clásica que forma el ADN del país: la renta universal. No es casual que la izquierda la promueva, ya que en su perspectiva se trata del sueño ideal de vivir mantenido por un Estado que aborrezca del mercado y el capitalismo. El FA, en definitiva, no es más que la expresión sociológica casi perfecta del clientelismo burocrático montevideano, con su mentalidad de pantagruélica oficina pública que alcanzó el rango de país (según el Benedetti que la izquierda tanto ama).

Difundida demagógicamente, esa renta universal se integrará naturalmente al viejo ADN clientelista uruguayo cuyo horizonte de superación anhela la dádiva del Estado. En este 2021 que alumbra, no se vislumbra pues perspectiva conceptualmente más dañina para el futuro del país que esta iniciativa de renta, nuevo clientelismo azuzada por la izquierda.