El Parlamento empieza a analizar presupuestos. Es la oportunidad para cerrar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

Se trata de un órgano estatal autónomo que funciona en el Poder Legislativo. En 2019, trabajaban allí 57 personas, y costaba unos 2,7 millones de dólares en sueldos y otro millón de dólares en gastos e inversiones por año. Convenientemente, la Inddhh dejó de informar públicamente el monto de los salarios de sus cinco directores. Sin embargo, en 2015 se sabía que cada uno de ellos costaba en sueldos, aguinaldos y cargas legales unos 74.000 dólares por año.

La función teórica de la Inddhh pasa por sugerir medios correctivos, efectuar recomendaciones y recibir denuncias por violaciones a los derechos humanos (DDHH), sin interferir con las funciones jurisdiccionales, ejecutivas o legislativas de los tres poderes. Pero sus funciones reales en todos estos años han sido sobre todo dos. Primero, acomodar desde 2012 a cuatro compañeros de izquierda, y uno que entraba por los blancos, en el consejo directivo que dura cinco años: se ganan muy buenos salarios, sin grandes responsabilidades políticas y con mucha legitimidad para la mitología zurda.

La segunda tarea ha sido tirar línea proizquierdista permanentemente. Algunos ejemplos: afirmar que hacer proselitismo antigobierno en liceos públicos por parte de los profesores forma parte de la libertad de expresión; recalcar que la garantía de amplia información exige otorgar una cadena nacional al Pit- Cnt cada 1° de mayo; insistir con la habilitación del voto de los uruguayos en el exterior, a pesar de que en 2009 el pueblo había votado en contra y contundentemente al respecto; y fomentar la reescritura sesgada de la historia reciente, al considerar que en el período 1968-1985 solo hubo violaciones a los DDHH por parte del Estado, y al legitimar la tremenda mentira de que entre junio de 1968 y junio de 1973 la actuación del Estado fue ilegítima.

En concreto, desde su creación en 2008 el país no mejoró sustancialmente su situación de DDHH: nunca hubo tantas torturas, malos tratos y asesinatos en las cárceles, por ejemplo, como durante los tres lustros del Frente Amplio (FA) en el poder. Sin embargo, la Inddhh jamás criticó duramente a los gobiernos del FA: sus directores no solamente no escupen la ma-no compañera que tanto les da de comer, sino que se desviven por ella. Los DDHH han sido así de zurda aplicación selectiva.

Por un lado, todos aquellos, tan uruguayos, que consideren que la realidad cambia solo si se crean organismos públicos con decenas de funcionarios dedicados a cambiarla, no han de angustiarse si se cierra la Inddhh: para tranquilidad de todos ellos, perdurará la Secretaría de DDHH, que mora en la órbita de presidencia. Ella se ha ocupado, claro está, del mismo tema que la Inddhh todos estos años. Por otro lado, los 4 millones de dólares que cuesta por año la Inddhh no tienen por qué ahorrarse: sería gran cosa, por ejemplo, que fueran a parar al Poder Judicial para mejorar áreas claves que aseguren impartir justicia de manera más ágil.

Entró el presupuesto quinquenal al Parlamento. Hay mayoría popular y con coraje para terminar con las herencias de acomodos y mamarrachos izquierdistas. Es ahora.