Francisco Faig
Francisco Faig

La burbuja política

La intendenta de Lavalleja hizo público el sueldo de su director general de vialidad y obras: líquido, unos $ 93.000 en noviembre de 2017.

Por entender que esa dirección es muy exigente, quiso acrecentarlo un 57%, entre otros sustanciales aumentos a salarios de jerarcas de su gobierno. Eso generó una pequeña novela de verano que sirvió para ilustrar hasta qué punto el mundo político vive en una burbuja de ingresos.

El asunto no es nuevo. En 2015, por ejemplo, el intendente de Montevideo justificó el salario de su directora de desarrollo social, que hoy es de aproximadamente unos $ 150.000 al mes, porque había que pagar la excelencia: "¿Los que no tienen posibilidad de ganar más tienen que hacer política? ¿O la democracia cuesta y hay que pagarla? (…) Yo no sé si Fabiana Goyeneche, una destacada profesional, en poco tiempo puede estar ganando igual o más". Más cerca en el tiempo, cuando hubo oportunidad de conocer los salarios de algunos discretos burócratas, los montos también resultaron altos: por ejemplo, el del gerente general del Fondo de Solidaridad, hermano del presidente del Frente Amplio Javier Miranda, era de unos $ 245.000 al mes en junio de 2017.

Cuando se comparan estos ejemplos de salarios del mundo político con los ingresos reales de los uruguayos no vinculados a esa actividad, queda claro hasta qué punto ese mundo está fuera de la realidad. Guillermo Sicardi en una columna de octubre pasado en Búsqueda, a raíz del disparatado subsidio que se había planteado a Sendic de unos 13.000 dólares al mes, narró los resultados de una encuesta casera hecha a empresarios. Los resultados fueron que en muy pocos casos los ingresos eran superiores a los 5.000 dólares al mes. Ese termómetro informal iba en el mismo sentido de lo que definen datos estadísticos más formales: según la DGI, los asalariados que percibían ingresos brutos superiores a $ 128.185 en 2015 eran menos de 34.000 en total.

No se trata de sostener un discurso antisistema o de hacer demagogia desacreditando al mundo político. Pero sí se trata de entender una dimensión muy importante de la realidad del país como es que los cargos políticos están, comparativamente, muy bien pagos. Y la verdad es que terminan generando una burbuja de socialización y consumo completamente alejada del cotidiano de vida medio de los uruguayos.

Una persona con un ingreso de $ 120.000 al mes líquido, por ejemplo, sea director de una intendencia o sea que explote 1.000 hectáreas de campo ganadero, podrá autodefinirse de clase media por sus gustos y actitudes. Podrá creer incluso, con razón, que no está en lo más alto de la pirámide de ingresos nacionales. Sin embargo, también debe tener claro que, objetivamente, integra la élite económica de este Uruguay. Porque aquí, redondeando, dos de cada tres trabajadores no paga IRPF y por tanto recibe menos de $ 27.000 al mes; y de acuerdo a los últimos datos del INE, el ingreso promedio per cápita es de unos $ 20.000 al mes.

La exposición impúdica de salarios tan altos como el de Lavalleja o de argumentos tan errados como los de Martínez contraría la necesaria austeridad y dignidad de toda República que quiera conservar su legitimidad ciudadana. Perder esa perspectiva elemental es políticamente muy grave.

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