La mayoría de la gente valora positivamente la tarea de la policía. Los izquierdistas, empero, no le tienen confianza. Además, operan para desprestigiarla. La información surge de una reciente encuesta de Equipos consultores.

El 58% de los uruguayos confía hoy mucho o bastante en la policía, con una evolución favorable que se profundiza a partir del cambio de gobierno de 2020. Las razones parecen evidentes: a partir de la alternancia en el poder, la gente percibe que la policía reprime el delito mejor que antes. El gobierno respalda esa represión policial legítima; y, sobre todo, los principales delitos bajan fuertemente, tanto en el campo como en la ciudad.

Pero en este tema hay una diferencia radical entre por un lado la mayoría de los uruguayos, y por otro lado aquellos que se autodefinen de izquierda o centro-izquierda. Estos últimos, en una mayoría de 6 a 4, dicen confiar poco o nada en la policía. Con este dato de opinión pública se puede inferir entonces que no es casualidad que periódicamente surjan desde la izquierda denuncias de abusos policiales o de procedimientos policiales considerados excesivos: en verdad, esas denuncias responden más a los prejuicios ideológicos con los que los simpatizantes zurdos juzgan la tarea policial, que a los hechos reales.

En efecto, las más de las veces son calumnias, como el caso de las denuncias de excesos de represión en la plaza Seregni en noviembre de 2020 en Montevideo, por ejemplo, que las cámaras de esa zona mostraron claramente que no fueron tales. También hay movidas gremiales que hacen el juego izquierdista, cuando dan a entender que hay una desacatada represión policial por causa de haber entrado en vigencia la ley de urgente consideración. El ejemplo más penoso e infame, sin dudas, es el de aquella denuncia que presentó hace unos meses la asociación de defensores de oficio acerca de un aumento de abusos policiales en la que, increíblemente, no se aportó pruebas.

Pero las consecuencias de lo ocurrido en Durazno el 9 de agosto de 2020 van un poco más lejos. Allí un joven de 20 años se dio a la fuga en un control rutinario de policía de tránsito. Perseguido por dos agentes, perdió el control de su moto, chocó contra un árbol y terminó muriendo días más tarde. Esta tragedia, de la cual nadie en su sano juicio puede culpar a los funcionarios que cumplían con su deber, fue interpretada por una fiscal de Durazno, de notoria filiación izquierdista previa, como un caso de abuso de funciones y homicidio de parte de los dos policías.

Se trata, claro está, de una acusación fiscal disparatada. Sin embargo, es una perfecta ilustración del empeño que pone la izquierda en tergiversar la realidad con el objetivo de hacerla calzar en su abstrusa caja marxista leninista de interpretación del mundo. En ese afán, dañan reputaciones, como la de los dos agentes que actuaron en Durazno, y pretenden usar la esfera penal en contra del orden y de la ley: porque es claro que, si los dos agentes terminan presos, toda la represión legítima y legal del Estado que encarna la buena policía quedará en entredicho.

La policía está sintiendo el respaldo de la gente. No hay que dejar que la izquierda desnaturalice nuestro sistema de garantías legales para dañarla.