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La voz del Pueblo

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María Julia Pou

En 1985 los uruguayos recuperamos la democracia entre todos. Quienes ocupaban el poder de forma fáctica desde 1973 procuraron -en 1980- que los uruguayos mediante el voto aprobáramos una nueva Constitución en la que se consagraban normas que de algún modo perpetuaban la presencia de las FFAA en las estructuras del poder. En silencio, los uruguayos dijimos mayoritariamente NO a este intento, que si bien en el fondo contenía iniciativas que no estaban en nuestra manera histórica de ver las cosas, en la forma de consulta popular y el respeto al resultado obtenido entroncan con nuestras mejores tradiciones. Es que el respeto a la opinión de la gente expresada libremente está en nuestro ADN. Por otra parte, los partidos políticos cuyos líderes estaban proscritos supieron elevar las miras y concentrar sus esfuerzos en lo esencial del proceso. Y finalmente, los uruguayos todos, con la lección aprendida de que lo peor no era lo mejor sino que lo peor sigue siendo lo peor, aportamos a la salida la dosis de participación que se requiere para estos cambios históricos.

Es decir, ya en pleno período democrático, con la aprobación de la ley de amnistía para los presos políticos, la de restitución de los funcionarios públicos y la ley de caducidad se cerraba una época de nuestra historia plagada de sufrimientos, de equivocaciones, de intolerancia y por supuesto como en toda situación imperfecta su cierre también lo era: en todas las normas aprobadas había algún grado de injusticia. Seguramente habrá algunos tupamaros que no pagaron por sus crímenes, sin duda algunos funcionarios restituidos habían estado bien destituidos e inevitablemente en la caducidad de la pretensión punitiva del Estado también había imperfecciones propias de cuando se prioriza lo general sobre lo particular.

Parecía claro que la ciudadanía había querido dejar atrás la violencia guerrillera y la dictadura. Pero en 1989 algunos compatriotas consideraron que era oportuno plantear un referéndum contra la ley de caducidad. De un lado y de otro había razones, sentimientos, y una vez más ciudadanos de todos los partidos se alineaban en ambos bandos sin distinción de procedencia pero con un sentido republicano de recurrir al voto popular para legitimar su posición o, lo que finalmente sucedió, de dar por terminado ese período de la historia. Recordamos particularmente las ejemplares palabras que en la aceptación del resultado adverso pronunciaran varios de los promotores de la consulta, entre ellos al general Seregni, a Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, por mencionar dos personas que tenían en su peripecia de vida personal razones muy valederas para haber intentado la derogación de la norma. Pero una vez más predominaba nuestra tradición democrática y republicana. Luego del referéndum de 1989 no se produjeron más reclamos hechos al amparo de la ley de caducidad. El pueblo había ratificado la ley y quienes se oponían a ella habían aceptado el veredicto popular.

Pasados algunos años comienzan a movilizarse algunos sectores -la asociación de familiares de desaparecidos, Serpaj, entre otros para proponer la derogación.

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