Abordamos en nuestro anterior espacio la amenaza que representa a las libertades individuales, un Estado sobredimensionado, cuya ineficiencia burocrática recae sobre la sociedad cual pesada carga, en trámites, tiempo, tasas y tributos.

La mayoría sin contrapartida que los justifique, a no ser las necesidades de recaudación para costear la ineficiencia pública, expresada en un déficit fiscal histórico, en pleno ciclo de crecimiento.

Pongamos un ejemplo de cómo se le hace difícil al privado efectuar una operación dentro del giro de su propia actividad. Elegimos la mercadería que más se comercializa en el mercado, el ganado.

Representa en la actualidad un monto de transacciones de casi 2 mil millones de dólares anuales, divididos en ventas entre productores, a exportadores y a establecimientos de faena. Tomaremos las ventas a frigorífico para ilustrar el “vía crucis” del productor, revelando al lector el cúmulo de obligaciones y trámites impuestos por la legislación vigente, con componentes de origen impositivo y sanitario.

Primer paso, el productor aparta el ganado, luego procede a la comercialización, en los que se pacta precio, plazo y fecha de carga. Debe certificar los vacunos un veterinario acreditado ante el MGAP, quien hará la lectura de las caravanas de trazabilidad y revisará la hacienda, constatando la ausencia de sintomatología infectocontagiosa. Asimismo, determinará accediendo al Sistema de Identificación Ganadera (SNIG), la propiedad, origen y la estadía del ganado en el establecimiento, dentro de los plazos exigidos.

Estamos ya en cuatro etapas, debiéndose emitir la guía de propiedad y tránsito. El sexto paso es el canje de certificado particular del veterinario por el oficial, expedido por Sanidad Animal. Viene el efectivo embarque, siempre dependiente de los caminos de acceso, siendo que en días de lluvia varias intendencias impiden su uso, a pesar de que puedan estar en deplorable estado como es frecuente encontrar. En caso de suspensión, hay que reprogramar, volviendo a emitir los certificados con más costos, pues tienen limitada vigencia.

Realizada la faena, el comprador emite copia de liquidación, conteniendo una serie de descuentos que se le fueron cargando a la venta de hacienda, Imeba, adicionales para INIA, Mevir, control electrónico de faena de INAC, vacuna anti aftosa, fondo de brucelosis, certificado sanitario, lo que implica una compleja operación, digna de ser resuelta por un buen matemático.

Viene la novena etapa para varias empresas que, en posesión del informe del frigorífico, deben emitir la factura electrónica, no se sabe bien para qué, duplicando esfuerzos y agregando burocracia, sin generar beneficio alguno.

Finalmente, la décima, el pago del 1% de comercialización de semovientes, tributo que le da caja a las intendencias y que se “devuelve” al productor, en forma parcial y atemporal, verdadero absurdo del principio tributario.

Toda esta tediosa secuencia es un entramado perverso, construido por distintas administraciones para recaudar y facilitar el rol del Gran Hermano que todo quiere controlar, a nuestro costo. Cuando escuchamos la reiterada cantinela de agregarle valor a nuestra producción, tengamos en cuenta aliviar esta burocracia que tanto pesa contra ese ansiado objetivo.

Agreguemos valor, achicando al Estado.