La reglamentación define que al recibir un ganado en el campo, este debe venir acompañado de la correspondiente guía de propiedad y tránsito, documento que determina la propiedad, su procedencia y otros datos de importancia.

La guía, con la anuencia del destinatario, certifica el correcto arribo de la hacienda, debiendo ser sellada por la policía para su remisión a Dicose. En nuestro caso, ya no están más los dos puestos policiales en los que, a relativa corta distancia, se podía realizar este trámite, a la vez que se presentaba la oportunidad de intercambiar información con el agente policial a cerca de las novedades de la zona.

Esto significa que tenemos que hacer 50 quilómetros, en caminos que suelen estar en regular estado, a efectos de completar el sellado y así cerrar la operación.

En la Comisaría, ubicada en un pueblo de 1.500 habitantes, nos cuenta el agente que es frecuente estar solo y que, si tiene que atender algún llamado, debe ir por sus propios medios, pues el móvil está auxiliando otra seccional que “quedó de a pie” y debe vigilar una víctima de violencia doméstica.

Estos hechos menores de nuestra cotidianeidad, hablan de los tiempos que vivimos en materia de seguridad y también como se ha deteriorado el ámbito rural, donde solíamos vivir en paz.

El crecimiento de la delincuencia no solamente ha sido exponencial en los centros urbanos, también se ha corrido al interior, estimulado por un desmantelamiento de la policía en cuanto a medios y efectivos, sin perjuicio de los incrementos presupuestales asignados al Ministerio del Interior.

Como ciudadanos, debemos presionar a nuestros legisladores para corregir la normativa, ante notorios desajustes en el poder judicial que suele aplicar sanciones blandas a los delincuentes, quienes envalentonados, terminan riéndose de una policía desestimulada, que mirará para el costado ante la próxima irregularidad. Las estadísticas del delito son falsas, pues un gran número de denuncias no se realizan ante la realidad que impone la pérdida de tiempo del denunciante y la baja expectativa de que los autores sean sancionados.

Permanecen en el recuerdo acciones que han propiciado esta realidad como la libertad masiva de presos, la no represión de la asonada en pleno 18 de Julio, para “evitar un mal mayor”, el agente rociado con pintura por manifestantes antiglobalización, o la fiscal de Paso de los Toros que defendió más a los dueños de perros salvajes que al propietario de la majada diezmada. También el procesamiento de decenas de policías que, arriesgando su vida, dispararon sus armas contra la delincuencia, o ciudadanos a los que no se les reconoció la legítima defensa, aún en casos en que preservaban su hogar, su negocio o su familia.

Las manifestaciones del nuevo gobierno abren una esperanza de cambio en esta materia.

Los ministros designados, tanto Larrañaga como Uriarte, respaldados por las primeras señales contenidas en la Ley de Urgente Consideración, han puesto la prioridad en el combate a la delincuencia en el medio rural, el abigeato y otros delitos a efectos de que retorne la paz en el campo, que muchos problemas ya tiene para agregar otro de enorme repercusión.

Nada más se pide que el Estado cumpla con lo que determina la Constitución.