Fernando Mattos
Fernando Mattos

Trabajo rural

La jornada laboral de ocho horas en el medio rural es reivindicada reiteradamente como una de las “conquistas” en materia de derechos por parte de la izquierda vernácula.

De la mano del primer gobierno del Frente Amplio, con Mujica en Ganadería, se enarboló esta bandera en tiempos de mayorías parlamentarias, cuando se aprobaban leyes utilizando el peso de los votos sin dar oídos a voces discrepantes.

La izquierda es experta en la construcción de relatos, colocando a unos contra otros, estigmatizando al productor agropecuario, victimizando al trabajador y tergiversándole la realidad al poblador urbano. Esto no quiere decir que no se desee la mejora salarial, de las condiciones de trabajo, el combate a los siniestros laborales o la búsqueda de mayor productividad y capacitación para generar familias rurales dignas.

Lo primero para opinar, es conocer el medio donde se desempeñan las tareas y que el trabajo agropecuario es distinto, en la medida que se desarrolla de acuerdo a los mandatos de la naturaleza, respetando el clima, los ciclos biológicos, las emergencias sanitarias, la variación de los foto períodos o los ciclos reproductivos. Además, muy frecuentemente se comparte la vivienda, la comida, las carencias de un medio donde a la modernidad cuesta llegar, donde no hay buenos caminos, poca señal de internet, en la que la única ambulancia es muchas veces la criticada camioneta. O la escuela, cada vez más despoblada, que funciona porfiadamente por abnegados maestros y la colaboración de comisiones de vecinos.

O sea, se convive en el mismo medio, con las mismas limitaciones y carencias de un Estado históricamente ausente que no ha proporcionado equivalentes oportunidades a los que viven en el campo, muy a pesar del mandato constitucional que expresa que todos debemos tener los mismos derechos.

Se ha querido transmitir la existencia generalizada de malos tratos, de jornadas extenuantes que los propios impulsores saben que no es verdad. Estudios del MGAP indicaban que la jornada laboral promedio en el medio rural, en 2004, era de 9 horas a lo largo del año. Eso no quiere decir que no existan excepciones, que los empleadores transgresores deben ser castigados y que la prioridad puesta por pasadas administraciones haya servido para cambiar situaciones inaceptables.

El mercado laboral rural se rige por oferta y demanda, siendo generalizada la escasez de mano de obra capacitada, por lo que el mercado se autorregula en materia de remuneraciones, determinando que los trabajadores hayan progresado en materia de ingresos.

En las largas horas de descanso entre el atardecer en invierno y la siguiente jornada, hay casi 14 horas para alternar el mate, la cena y el sueño, pero también para saber si en lo del vecino los tratan bien o remuneran mejor. Realidad que porfiadamente fija el mercado generando oportunidades para el trabajador rural mucho más efectivas, que el intento de un regulador burocrático urbano que pretende hacer aportes desde el desconocimiento. Los derechos de los trabajadores rurales existen hace muchas décadas, no nacieron hace 15 años. Debemos seguir trabajando, mejorando la ley, propiciando acuerdos sin la lógica del conflicto. Es mucho más efectivo educar que sancionar si realmente queremos construir un relacionamiento laboral superior.

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