Estamos en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones generales, definiéndose el nuevo gobierno que tendrá la responsabilidad de conducir los destinos del Uruguay.

No será tarea fácil e implicará un enorme esfuerzo de articulación entre varias colectividades políticas, en una coalición mucho más amplia que la del gobierno actual, a efectos de aglutinar voluntades y obtener una vasta representación social para llevar adelante impostergables reformas.

La situación económica es mucho más compleja de lo que la ciudadanía cree, no obstante los esfuerzos del discurso oficialista tratando de transmitir un optimismo que los números se niegan a respaldar.

La trayectoria del déficit fiscal de los últimos años, determina un endeudamiento público creciente, condicionando las perspectivas de nuestra economía. El constante aumento del gasto del Estado no se ha podido costear a pesar de varios ajustes tributarios, incumpliendo el Frente Amplio promesas de la pasada campaña. O los aumentos de tarifas públicas fijados con finalidad recaudatoria, algunos de ellos contra la decisión de los directorios de las empresas.

Está claro que no será suficiente abatir el déficit con solo achicar el gasto, en la medida que sea posible aplicar ciertas propuestas de candidatos presidenciables. Tampoco alcanza con mejorar la eficiencia de las empresas públicas, dándole un enfoque profesional y ejecutivo, si bien todo deberá colaborar en la búsqueda del objetivo de dar mejores servicios a menor precio.

Necesitamos encarar profundas reformas que aseguren el equilibrio de las cuentas públicas, generando las condiciones para impulsar la inversión, el empleo, retomando la actividad, el consumo y el crecimiento, actualmente asfixiados por las presiones que provoca una economía estancada con riesgo de pérdida del grado inversor.

Las reformas del Estado, de la seguridad social, junto con un plan de desregulación en varios sectores que alivien la pesada carga burocrática sobre el empresario, que deberá incluir también el área laboral, son esenciales para que el emprendedor retome los niveles de confianza, propiciando el crecimiento. Actualmente, tenemos demasiados rubros sin rentabilidad, algunos acumulando años de pérdidas, realidad que debemos revertir por ser insostenible. Para que exista inversión y se genere riqueza, debe haber rentabilidad, por lo que debemos cambiar el rumbo de las políticas que han determinado esta situación.

No son casualidad todos los planteos que condicionaron la decisión de la megainversión de UPM en materia tributaria, de tarifas, infraestructura, marco laboral y educación. Es lo que todos los empresarios queremos: ambiente amigable de negocios de parte del Estado, relaciones laborales equilibradas, el respeto a la propiedad privada, a los contratos, la plena vigencia del estado de derecho, la independencia de poderes y el respaldo de nuestra respetada institucionalidad.

De no haber una reversión en el rumbo de la economía, si no alcanzamos los necesarios consensos, tendremos fuertes retrocesos en las conquistas sociales que todos queremos defender.

O encaramos las grandes reformas, o será complejo nuestro porvenir.

Un Estado moderno, pujante y eficiente es esencial para impulsar una sociedad desarrollada, generando las condiciones básicas para el mejor desempeño de la economía y el bienestar social.