La Constitución determina que tendremos un nuevo gobierno en 2020. 

Cualquiera sea el candidato vencedor, tendrá que liderar un ajuste de las cuentas públicas, a pesar del ciclo de 16 años consecutivos de crecimiento. Contradictoriamente, caen el empleo, la inversión, el nivel de actividad aproximándose al estancamiento, con riesgoso rumbo del déficit fiscal.

La región en problemas, Argentina con serios desajustes macroeconómicos y un panorama electoral incierto. Brasil con las dificultades de Bolsonaro en llevar adelante imprescindibles cambios para impulsar la tenue recuperación económica. Venezuela cerca del colapso social generado por una dictadura que se sostiene solamente gracias al poder militar. Más lejos, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los conflictos con México, el fallido Brexit y sus efectos en Europa.

En resumen, nuestro barrio y el mundo presentan escenarios poco propicios para que encaremos la senda de la recuperación económica. Deberemos hacer una serie de reformas que nos impulsen hacia el crecimiento sostenible, revirtiendo la tendencia hacia la recesión para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Estamos ingresando al clima de efervescencia electoral de las primarias, con las más amplias y variadas propuestas. Los candidatos lanzados a ofrecer soluciones de todo tipo, desde las muy acertadas hasta las mágicas, imposibles o inconvenientes. Hay de todo en el menú, no obstante nada se ha propuesto respecto de una reforma que muchos uruguayos impulsarían, si bien es difícil que provenga de nuestros políticos.

Nos referimos al Poder Legislativo que debería replantear su funcionamiento, representación y número de legisladores, más todo lo que trae aparejado en materia de estructura para la actuación de 130 parlamentarios. No se trata de debilitar la democracia representativa, base y sostén de la República, en el debido equilibrio entre los poderes del Estado. Al contrario, es una manera de fortalecerla, dignificarla, dándole calidad y jerarquía a las funciones esenciales de discusión, redacción, acuerdo y promulgación de las leyes que hacen a nuestro ordenamiento jurídico.

Pero al mismo tiempo, abrir el debate para adecuar el número de legisladores a una mejor representatividad de la ciudadanía, y no como ocurre hoy con el sistema preferencial de suplentes que votamos y pocos conocen, a no ser quien encabeza la lista. Luego apreciamos que los legisladores electos se van como Ministro, Intendente, o renuncian directamente, abusando de su propia popularidad, traicionado al elector para dejar terceros o cuartos suplentes que nadie conoce.

O si no, como en estas últimas legislaturas con mayorías del partido de gobierno, donde se ha empobrecido el debate, devaluándolo, prefiriendo deliberar en los órganos partidarios oficialistas, dejando de lado a los representantes de casi la mitad de la población.

Comparando sólo con nuestros vecinos, tenemos muchos más legisladores que Argentina, Brasil, Chile, en proporción a los electores. No sabemos cuál es el número ideal de parlamentarios y el mejor sistema a proponer, pero dar esa discusión sería una gran señal para que los políticos recuperen la reputación y credibilidad perdidas. Mejorar la calidad legislativa, bajando el costo para la sociedad, son enormes pasos para fortalecer la democracia.