Fernando Mattos
Fernando Mattos

Estado y libertad

Todo régimen democrático que se precie, respeta valores básicos como son las libertades individuales.

En la medida que avanzamos en una intromisión excesiva del Estado en la vida de los ciudadanos, más allá de los límites que determina un consenso social, perdemos el atributo de convivencia que más hemos valorado a lo largo de nuestra existencia como nación. Está claro que nadie propone un Estado ausente, pues todo se trata de equilibrios y este debe actuar para evitar desigualdades, proteger a los más vulnerables y redistribuir recursos en la sociedad, propendiendo a que sea más igualitaria.

Hemos asistido a un prolongado período en que la ciudadanía legítimamente otorgó el poder a una fuerza política que con mayorías concluye su tercer mandato consecutivo, habiéndose beneficiado de un crecimiento económico sin par en la era moderna del Uruguay. Este favorable ciclo fue acompañado también por recursos públicos como jamás hemos tenido, generando la posibilidad de expandir el gasto, multiplicándolo por cinco, siendo una real oportunidad para mejorar los servicios y llevar adelante políticas sociales que combatieran la pobreza.

Ha sido la gran oportunidad para dar un salto en educación, salud y seguridad, atendiendo los postulados que la izquierda anunciaba como prioritarios en sus políticas, generando las bases para el desarrollo, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, no se lograron los objetivos planteados.

Para peor, el crecimiento económico mundial se ralentiza de la mano de una menor tasa de expansión China. El comercio mundial se complica por la disputa con Estados Unidos. La región pasa por importantes turbulencias, con marcados desequilibrios macroeconómicos en Argentina. Uruguay no escapa a esta realidad, el déficit fiscal crece hacia el 5% del producto, la recaudación cae por menor crecimiento y el gasto no se reduce debido a la rigidez de los compromisos asumidos por el gobierno.

El año electoral y las proyecciones no vaticinan importantes cambios en lo inmediato. Tendremos una nueva administración el 1 de marzo de 2020 que asumirá con reducido margen de maniobra. Deberá afrontar crecientes endeudamiento, déficit fiscal y atraso cambiario, trilogía letal que la fórmula presidencial Vazquez/Astori nombraba en 2004 como gran desafío a enfrentar, pesada herencia que paradójicamente dejarán.

En Uruguay, los ajustes históricamente recaen sobre el sector privado, prueba de ello han sido las crisis de 2002, o la de 2008, en las que el desempleo, el cierre de empresas o el aumento de tributos para equilibrar las cuentas, fueron solventadas básicamente por particulares, mientras el sector público continuaba la expansión del gasto. Necesitamos un Estado que pese menos en la sociedad, que sea eficiente y que asegure servicios de calidad a un justo valor, pero sobre todo, no represente una amenaza a las libertades individuales como ocurre en la actualidad. No podemos tener 300 mil funcionarios públicos en la era de la digitalización y la robótica, mientras aumenta el desempleo privado.

Debemos encontrar un imprescindible equilibrio, la campaña es un buen momento para discutirlo, aunque muchos líderes eviten hacerlo. No encontrar el camino, es poner en riesgo uno de nuestros más preciados valores.

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