Fernando Mattos
Fernando Mattos

No hay dos opciones

Ha tenido gran repercusión el conflicto en Montevideo Gas, la ocupación de sus instalaciones, así como el “control obrero” impidiendo la gestión por parte de los representantes legales.

Petrobras, mayor empresa de América Latina, propietaria de Montevideo Gas, decide realizar una reestructura enviando funcionarios a seguro de paro, en virtud de acumular pérdidas por 116 millones de dólares, en los últimos 15 años de la concesión del gas natural en Montevideo.

El sindicato reacciona en defensa de las fuentes de trabajo, buscando preservar los intereses de los trabajadores, ocupa la sede recibiendo el apoyo del PIT-CNT, de algunos legisladores del Frente Amplio y de un polémico personaje vinculado a la guerrilla Tupamara. El gobierno reacciona pasivamente, en una actitud cómplice del Ministerio de Trabajo para evitar ruidos en vísperas del acto del 1° de mayo, evitando intervenir asegurando el derecho al gerenciamiento de la empresa. Su inacción la intentó justificar Murro, alegando que el tema estaba en la órbita judicial al haberse presentado un recurso de amparo. La justicia resuelve el desalojo, por usurpación y que el derecho de huelga consagrado en la Constitución no está por encima de otros como el trabajo, el comercio y la propiedad privada. Bien por la justicia y mal por el sindicato que transmitió al mundo la funesta señal de desacato, demorando el cese de la ocupación ilegal, sujeta a resolución de la asamblea sindical. Imaginemos la repercusión para un país que necesita captar inversiones para salir del estancamiento económico, combatir un desempleo creciente y revertir el actual déficit. Petrobras no se retira de Uruguay por la circunstancia, aunque esto en nada ha colaborado. El tema es mucho más profundo, se debe a las pésimas y corruptas administraciones “kirchneristas” y del PT, asolando a las estatales de los vecinos, retaceando la inversión y desviando recursos para financiar el esquema de permanencia en el poder, base del manual del populismo. Se hace necesario equilibrar las cuentas de las estatales energéticas, algo similar a lo que hemos tenido que hacer en Uruguay con Ancap, luego de la desastrosa gestión Mujica/Sendic, requiriendo una capitalización millonaria de la sociedad. En un régimen democrático, republicano, donde funciona el equilibrio de poderes y rige el estado de derecho, la Justicia es la última garantía que tienen los ciudadanos ante el abuso de poder que fuerzas antidemocráticas suelen impulsar.

Celebramos esta resolución de la justicia, especialmente por la señal y garantías que se deben transmitir a la ciudadanía. Especialmente cuando importantes actores del gobierno, incluyendo a varios precandidatos a la presidencia por el oficialismo, hacen “gre gre” para decir Gregorio, evitando calificar al régimen de Maduro como dictadura, mientras muere su población por inanición, falta de medicamentos o represión. Niegan reiteradamente la nula libertad de prensa, la corrupción, la masiva emigración, la falta de poderes independientes, los presos políticos, el descalabro económico y la injerencia cubana en Venezuela.

Los venezolanos nunca se imaginaron estar en esta situación. Este año, los uruguayos tenemos que elegir nuestro futuro gobierno, deberemos optar a favor de la democracia y contra el totalitarismo. “Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)