Fernando Mattos
Fernando Mattos

Corrupción en Uruguay

Está instalado el concepto de que en Uruguay la corrupción no es tema de mayor incidencia, así nos ven desde afuera, comparándonos con los peores de la clase, nuestros vecinos.

También es percibido como algo de menor relevancia, una vez que encuestas sitúan este flagelo en quinto escalón de prioridad, cuando se consulta respecto de los temas que más nos preocupan.

Sin embargo, entendemos que tenemos esta problemática instalada en nuestro cotidiano y se va alastrando en los distintos estamentos, sin la debida reacción, socavando el acuerdo social, corroyendo nuestras instituciones, al punto que se puede poner en riesgo la convivencia democrática.

Suele asociarse la corrupción con la administración pública, los políticos de turno, sobre quienes recae la responsabilidad de manejar los recursos provenientes de las contribuciones al erario. Sin querer caer en generalidades, pues tenemos de todo en la viña de Señor, este mal alcanza a servidores públicos de todos los poderes, así como a empresarios, profesionales, operadores inmobiliarios y financieros.

Una de las etapas necesarias que siguen al desvío ilegal de recursos es el blanqueo, para lo que el Uruguay se ha preparado por décadas, al recibir fondos carentes de origen que han buscado refugio en nuestra laxa legislación. No ha sido suficiente la “rigurosidad” de nuevas normativas controlando movimientos financieros, al punto que afectan al ciudadano común que debe dejar hasta una radiografía al cambiar unos míseros dólares para hacer frente al presupuesto, o para cumplir con la creciente presión tributaria que un déficit fiscal genera.

Así es que no se explica cómo pudo haber realizado su mundo de fantasía el sindicalista Marcelo Balcedo, con decenas de millones de dólares introducidos por años al país, sin control alguno. Nuestras fronteras son un verdadero colador, siendo Puerto Camacho, Carmelo o Melilla, los puntos predilectos de ingreso de plata negra desde Argentina. Las últimas investigaciones allí surgidas, los escándalos más notorios como la Ruta del dinero K, los cuadernos de las coimas que involucraron a los más mentados empresarios, colocan casi siempre al Uruguay como destino primero de los fondos resultantes de esas maniobras ilícitas.

En Brasil, la operación “Lava-jato”, descubre la trama por la cual la corrupción sistémica liderada por el gobernante PT, utilizó los recursos públicos que faltaron para escuelas, hospitales y viviendas para sostener un proyecto de perpetuidad en el poder con alcance continental y la complicidad de empresarios, aprovechando la coincidencia ideológica de los regímenes de la región, exportando su esquema de compra de voluntades.

Nadie puede imaginar que podemos estar libres de este flagelo, nos vienen a la memoria demasiados casos carentes de investigación como Pluna, Ancap, negocios con Venezuela, Asse, Aratiri , la regasificadora, Alur, Antel Arena, etc.

En Argentina, el combate a la corrupción vino por el lado de los cambios políticos. En Brasil, partió de una justicia independiente pero, sobre todo, de una reacción social que presionó al poder a investigar los actos de corrupción que fueron propiciados por la zona de confort del pleno poder que otorgaron las urnas.

Nosotros estamos en una etapa previa, sin investigar y sin presión popular. Ambas son imperiosas, motivos sobran.

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