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Un futuro posible (II)

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Hay quienes creen que la educación poco puede hacer dados los niveles de desigualdad y pobreza, así como las condiciones sociales adversas que enfrentan muchos niños, niñas y adolescente en nuestro país.

Hay quienes por otra parte creen que es entera responsabilidad de la educación solucionar y sobreponerse a estos problemas. Ni lo uno, ni lo otro.

Cualquier maestra, educadora o docente en las zonas más vulnerables del país, se da cuenta de los enormes desafíos que enfrentan para poder llevar adelante los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde niños y niñas sin respaldo familiar, adolescentes que carecen de herramientas fundamentales para poder funcionar sin conflicto con el mundo adulto, pobreza, marginación y exclusión. A pesar de ello muchos de estos educadores dan la batalla, día a día, hora a hora, niño a niña, para no perder la esperanza, y más importante, para no permitir que los pequeños y sus familias la pierdan.

Pero estos mismos educadores nos señalan claramente que el propio sistema no está preparado para estos desafíos. Por un lado, alumnos y docentes padecen un currículum largo, fragmentado, indigerible, poco pertinente y escasamente profundo. Por otro lado, ausencia de elencos estables en los centros educativos, limitada carga horaria, falta de tiempo y apoyo para trabajar en equipo como cuerpo docente, ausencia de personal y servicios básicos de apoyo, directores sobrecargados y mal remunerados, complementan un panorama sombrío que no sólo torna imposible la inclusión de los sectores más vulnerables sino que también contribuyen a que nuestro sistema expulse antes de la finalización del ciclo obligatorio a la mayor parte de las clases medias. Un 60% de los jóvenes de 21 años no han finalizado la educación secundaria.

En la primera entrega de esta serie hicimos referencia a los necesarios cambios en materia de gobernanza que son sustento de la tarea de transformar el modelo educativo. El objetivo último es lograr una genuina inclusión de todos los alumnos apelando a una estrategia de cambio integral, progresiva y concebida sobre un horizonte de tiempo de por lo menos una década. Entre otros aspectos fundamentales, esto implica un marco curricular común que, basado en la integración de contenidos y competencias, logre profundidad de aprendizajes y adquisición de capacidades pertinentes para el siglo XXI.

Ahora bien, para poder transformar las piezas del sistema educativo que permitan trayectoria, egreso y aprendizajes, es necesario que dos elementos estén presentes: fiscalidad expandida, así como gestión y gobernanza integrada. Nuevamente, y a riesgo de reiterarnos: estos dos elementos no son el cambio educativo, sino condiciones necesarias, pero no suficientes para que este se produzca.

Cambiar la educación es cambiar como enseñamos y aprendemos, como compartimos y usamos nuestro tiempo en el aula y en el centro educativo, como construimos equipos estables docentes que tienen tiempo para su desarrollo profesional, el trabajo en proyectos y la construcción de proyectos pedagógicos y curriculares a nivel de los centros educativos. Cambiar nuestra educación es también asegurar que el alumno sea el centro del quehacer educativo evitando que las propuestas curriculares y pedagógicas no presentan saltos abruptos -por ejemplo- entre lo que hoy es primaria y educación media. Esta transformación también implica extender los tiempos de trabajo especialmente en las zonas más vulnerables hacia modalidades de tiempo extendido y completo, proporcionando servicios de alimentación, así como una ampliación de la oferta curricular en artes, recreación y deportes.

Para ello existen dos herramientas que son condición necesaria, aunque no suficientes: una expansión y transformada asignación del esfuerzo fiscal que haremos referencia en este artículo, y una nueva estructura de gestión que atraviesa desde el Codicen hasta los centros educativos, que lo abordaremos en el próximo.

En materia presupuestal se jerarquiza la inversión y el gasto corriente en las zonas y centros en donde asisten los niños y adolescentes que provienen de hogares pertenecientes a los dos quintiles más pobres de la población. Asimismo, se potencia a través de estrategias públicas y público/privadas la inversión en el ciclo educativo medio-superior ofreciendo a los estudiantes entre 15 y 18 años un amplio conjunto de ofertas navegables que permitan la continuidad terciaria ya sea en las opciones universitarias, la formación tecnológica y la formación dual (laboral y educativa). Además, esto permite la mejor inserción laboral directa para aquellos que así lo deseen al finalizar el ciclo obligatorio.

Las metas son;

• que en 10 años todos los niños y adolescentes entre 4 y 14 años del 40% de las familias de menores recursos (que representan casi el 70% de la matrícula pública) se encuentren en modalidades de tiempo extendido y completo con servicio de alimentación, así como un fuerte énfasis en recreación, deportes, artes y modalidades de taller y proyecto que integran diversas áreas del conocimiento.

• asimismo, todos los adolescentes entre 15 y 18 años deberán encontrarse cursando ofertas educativas adecuadas y de calidad en una diversidad de modos institucionales y de oferta curricular. Ello incluye un esfuerzo importante en materia fiscal para la generación de modalidades de bachillerato dual en donde los estudiantes combinan trabajo en centro educativo y formación en empresas estatales y privadas.

Las primeras estimaciones indican que el logro de estas metas que van de la mano, de la duplicación del salario de los directores de centros, el aumento de cargos radicados en centro bajo un nuevo estatuto docente, y la creación de horas pagas de libre asignación en el centro educativo, pueden implicar un aumento de entre 0,8 y 1,2 puntos porcentuales del PIB en gasto corriente solo de la ANEP en el plazo de diez años. Ello no considera el esfuerzo que deberá realizarse en materia de inversión, que para esos mismos diez años puede implicar hasta medio punto del PIB.

Esto no es un dato menor. Sabemos que Uruguay enfrentará en el próximo gobierno, sin importar sus colores, una situación de límites fiscales importantes. Es necesario un acuerdo nacional de altura para el logro de este esfuerzo adicional, ajustando gastos en otros rubros, incrementando la eficiencia del gasto educativo, pero también realizando un esfuerzo adicional en esta materia. Se requiere de mucha voluntad política plasmada en hechos.

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