La semana pasada, ingresó al Parlamento el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo para la promoción del empleo en personas jóvenes, mayores de 45 años y personas con discapacidad.

La iniciativa, enfocada en estos grupos considerados prioritarios, adopta además un sesgo de discriminación positiva en favor de las mujeres.

La promoción del empleo es una prioridad para este gobierno. La norma a estudio del Parlamento introduce modificaciones a la legislación ya existente, como la ley de empleo juvenil, y propone nuevas herramientas en otros grupos. El proyecto procura facilitar a través de incentivos y subsidios el acceso a una actividad laboral remunerada de los grupos priorizados. Particularmente, en lo referido a población joven, es una excelente noticia que la misma sea uno de los objetivos centrales de esta iniciativa. El desempleo juvenil es sensiblemente más elevado que el promedio, siendo un problema estructural que nos posiciona como uno de los países en la región con peores cifras.

Si bien la pandemia ha tenido particular impacto en este grupo, el indicador se encuentra al alza desde 2015 y las iniciativas previas para la promoción del empleo en jóvenes no han logrado modificarlo. La última de ellas, que comenzó a ejecutarse en el año 2015, desde esa fecha solo ha alcanzado 8.619 contrataciones en el sector privado.

El proyecto actual, que ya fue aprobado en comisión del Senado con los votos del oficialismo, incorpora al menos dos herramientas que auguran un mejor impacto que las dos leyes de empleo juvenil anteriores.

En la figura de la promoción de primeras experiencias laborales en el sector privado, el proyecto actual propone subsidios de mayores montos que las normas previas, de $ 6000 mensuales en el caso de varones y $ 7500 en el caso de mujeres jóvenes entre 15 y 24 años, por un plazo de doce meses. La norma además introduce una innovación, que es la posibilidad de beneficiar a las empresas con la exoneración de los aportes jubilatorios patronales, transcurrido el plazo de los doce meses del subsidio, hasta los 25 años de edad en aquellos casos que se mantenga el vínculo laboral con el joven.

Otra de las modificaciones fundamentales que incluye el proyecto es la de cambiar el indicador utilizado para medir la vulnerabilidad de los jóvenes que sean contratados bajo la modalidad de trabajo protegido joven. Incorporar como índice para la definición de población beneficiaria a los hogares cuyos ingresos estén por debajo de la línea de pobreza del INE, permitirá focalizar mucho mejor la política y otorgar el beneficio para la contratación de los jóvenes que efectivamente más lo necesitan.

Promover el empleo con subsidios para el sector privado, así como generar el marco para el incentivo de contrataciones jóvenes en el Estado, es algo necesario pero no suficiente para romper este problema estructural. Esta política, que avanza en los derechos de los jóvenes de nuestro país, debe y está siendo acompañada por una fuerte y mejor inversión del gobierno en capacitación para el mundo del trabajo y programas específicos para el acompañamiento de los más vulnerables como ser Oportunidad Laboral, INJU Avanza y las numerosas capacitaciones de Inefop que ponen el foco en este grupo etario.