Felipe Paullier
Felipe Paullier

Juventud, divino tesoro

A medida que avanzan los días desde el estallido de la pandemia, el país vuelve a su vida normal y junto con ello, los procesos naturales del primer año de un nuevo gobierno.

El manejo de la emergencia sanitaria es solo el primero de los desafíos que le toca enfrentar a la nueva administración y su llegada agravó problemas latentes que no podrán postergarse este quinquenio.

En estas semanas, comienzan a tomar forma las líneas estratégicas y avanza en cada ministerio la planificación que marcará el rumbo de la nueva administración y se resumirá en la ley de presupuesto que se enviará al Parlamento en los próximos meses. Además, con intenso trabajo y gran diálogo, continúa el proceso de aprobación de la ley de urgente consideración en el Poder Legislativo. Una ley que se ha visto fortalecida en sus contenidos con los aportes de todos los partidos y será el buque insignia para dinamizar reformas de fondo para el país en educación, el mundo del trabajo, el acceso a la vivienda y una nueva agenda en temas de vanguardia como la protección del ambiente.

En este contexto, resulta capital posicionar en la discusión pública algunos desafíos particulares que competen a la población joven, un sector que figura en los discursos, pero no tanto en las políticas públicas. Comprometernos en esta materia implica no solo pensar en el futuro sino en el ahora, poniendo a los jóvenes en la mira como dinamizadores sociales y factor de disrupción, innovación y cambio con el que cuenta nuestro país.

Uruguay tiene desde hace 29 años un organismo en el gobierno para la ejecución, formulación y el seguimiento de las políticas específicas respectivas a la juventud. De acuerdo a la Ley que crea el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), en el Uruguay consideramos jóvenes a las personas entre 14 y 29 años. En esta categoría tenemos en 2019 a 835,181 jóvenes, lo que representa el 23.7% de la población total.

Para tener alguna idea de las desigualdades y condiciones específicas de este sector de la población, en lo que respecta a la pobreza, los hogares con jefatura joven casi duplican esta medida para la población general. Otros indicadores como el desempleo también reflejan una particular vulneración de este sector del país, con cifras que triplican los indicadores para la población general y tasas más altas de informalidad.

La inversión del Estado en adolescencia y juventud representa el 4,1% del PBI y el 16% del Gasto Público Social. Las áreas de mayor inversión son educación con un 44% seguido de la salud con un 25%, y asistencia social y trabajo con un 10% cada uno.

Es capital poner el foco de las políticas de juventud en el proceso de emancipación del joven de su hogar, poniendo en agenda las dificultades que hoy existen en el acceso al empleo y la vivienda, y planteando el desafío de modificar la legislación vigente y promover nuevas herramientas para transformar esta realidad.

Además, resulta fundamental mirar al interior, en particular a la juventud rural, promoviendo iniciativas que permitan el desarrollo de cada persona en su lugar de origen. Reconocer el lugar de los jóvenes en la agenda pública y potenciar esa dirección, más que una oportunidad es una condición obligada para que nuestro país transite en la senda del desarrollo.

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