Las pasadas semanas fueron de bastante movimiento en el terreno político de nuestro país.

El Frente Amplio, en conjunto con fuerzas sociales que integran la Comisión Pro Referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC), entre las cuales se encuentran el Pit-Cnt y la FEUU, anunciaron haber alcanzado las firmas necesarias para habilitar la instancia electoral. La Comisión anunció que se reunieron más de 700 mil firmas para someter a consulta popular los 135 artículos de la LUC que buscan derogar.

Si bien el proceso formal de revisión de firmas por parte de la Corte Electoral llevará algunos meses más, lo más probable es que la instancia de referéndum se habilite y eso abre el debate actual sobre el tema, su alcance y sus potenciales consecuencias sobre la vida de los uruguayos.

Aunque la decisión de la coalición de gobierno haya sido no haber debatido durante los meses que el Frente Amplio y sus aliados juntaron las firmas, el escenario hoy es otro y requiere comenzar una discusión pública para aclarar la desinformación generada y explicar los eventuales resultados de la derogación que se plantea.

Una Ley de Urgente Consideración que, más allá del juego político que realiza hoy la izquierda, recibió su apoyo en muchos de sus artículos, incluso algunos que ahora se quieren derogar. Un buque insignia de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, que sienta las bases para necesarios cambios en la educación y la salud, que garantiza el derecho al trabajo y la defensa de la propiedad privada, y que introduce importantes cambios en el sistema de adopciones, entre otros.

El capítulo vinculado a las reformas en materia de seguridad ciudadana merece un análisis particular. Los buenos resultados de la actual gestión que inició Jorge Larrañaga, con un descenso de todas las cifras vinculadas a delitos, tienen mucho que ver con las herramientas puestas al servicio del Ministerio del Interior y los efectivos policiales por la Ley de Urgente Consideración.

En los pasados días, al referirse sobre la ley y su potencial derogación, el ministro de Desarrollo Social Martín Lema decía que “es una herramienta de bienestar social” y por lo tanto “más que la defensa de una ley, lo que vamos a defender son los intereses y derechos de todos los uruguayos”.

La frase de Lema expresa la visión que entiendo debemos tener sobre la discusión que se avecina. La LUC reúne la plataforma electoral que la ciudadanía respaldó en la elección de noviembre del 2019 (Compromiso por el País) y ha sido base fundamental de las reformas que hoy están en curso. defenderla es dar la batalla por una herramienta de desarrollo que pone el centro en el bienestar de las personas.

El debate sobre la LUC trae consigo un particular desafío para la coalición de gobierno. En las antípodas de lo que proponen los impulsores del referéndum, al oficialismo le toca batallar sin agrandar la grieta, evitando la retórica del blanco y negro y el enfrentamiento entre los ciudadanos.

Luego de un año de pandemia cargado de incertidumbres, en un momento donde en el horizonte se avecina un escenario sanitario y social de mayores certezas, sostener las reformas que plantea la LUC se convierte en una necesaria tarea para seguir avanzando y destinar nuestro tiempo y esfuerzos en el porvenir.