Hace algunas semanas se informó que Uruguay XXI y el Ministerio de Economía lanzaron una nueva encuesta a inversores extranjeros (la anterior se realizó en el 2015) para conocer las razones que llevaron a sus empresas a elegir Uruguay, así como la evaluación del proceso de instalación en el país, sus necesidades, su percepción sobre el clima de negocios y los desafíos que enfrentan en el país.

También se destacó que para fomentar la radicación en el país de inversiones de calidad, en los últimos años se ha modificado el Código Aduanero, se creó la Ventanilla Única de Comercio Exterior, se modernizó el régimen de zonas francas y se emitió un nuevo decreto reglamentario de la Ley de Promoción de Inversiones.

Es muy positivo que las autoridades del MEF estén interesadas en fomentar la inversión extranjera directa y para ello recurran a instrumentos como encuestas a efectos de visualizar las necesidades de los inversores. Esto se da además en un contexto en el que en los últimos dos años hemos asistido a una caída muy importante en la inversión en general (17%) y en la extranjera directa en particular.

De más está decir la importancia que tiene para un país pequeño como Uruguay recibir inversión extranjera, siempre y cuando la misma se efectúe con transparencia y adecuados estudios de costos y beneficios sociales.

Es bueno además que los estímulos a la radicación de inversiones se hayan convertido en una de las pocas políticas de Estado que tenemos. La importancia de la misma fue entendida por el gobierno electo en 2004 dejando atrás un pasado en el cual, por ejemplo, no aprobaron el tratado de protección de inversiones que permitió la instalación de la entonces Botnia.

Sin embargo, no todo son lecciones aprendidas por los gobiernos del Frente Amplio. Existen algunas asignaturas pendientes que se arrastran desde el inicio y no parece haber visos de mejora ni un abordaje para superarlas. Si bien no es lo único, se destaca por transformarse en un factor disuasorio de nuevas inversiones y también del mantenimiento de las existentes, el tratamiento de las ocupaciones del lugar de trabajo como una extensión del derecho de huelga. Se trata de una interpretación muy benévola de las libertades sindicales pero que lesiona fuertemente los derechos de propiedad y la libertad de trabajo. Esta práctica y su amparo por parte del gobierno han sido observados por la OIT como incumplimiento de convenios internacionales firmados por Uruguay, pero además es evidente para cualquier observador no especializado que aquellos que están mirando a Uruguay co-mo posible destino de inversiones, sientan que la seguridad jurídica de sus emprendimientos pueda estar seriamente cuestionada.

En definitiva, bienvenidas las mejoras realizadas y prometidas pero, en momentos que el atractivo de inversiones en países emergentes está en tela de juicio, la competitividad sistémica de la economía uruguaya deja mucho que desear, sería muy importante avanzar en superar este escollo. Claro que para esto hay que disciplinar a un movimiento sindical que —casualmente— ha sido y es un pilar de sustentación importante para estos gobiernos. Parece mucho pedir, lamentablemente.