El aumento de las tarifas públicas fue el tema excluyente en materia económica de principios de año. Como suele suceder muchas veces, el asunto discurrió por la discusión semántica de si se trataba de un “ajuste fiscal” o no, como si eso tuviera alguna relevancia.

El aumento de las tarifas públicas fue el tema excluyente en materia económica de principios de año. Como suele suceder muchas veces, el asunto discurrió por la discusión semántica de si se trataba de un “ajuste fiscal” o no, como si eso tuviera alguna relevancia.

Es que, en un ambiente económico donde la realidad no luce tan promisoria, y las perspectivas no son lo que eran o lo que la gente creyó que serían cuando escuchaba el discurso autocomplaciente del FA en la campaña del 2014, aumentos como los establecidos constituyeron un llamado de atención en relación a la evolución del poder adquisitivo futuro.

Antes del 2005, la expresión “ajuste fiscal” se utilizaba para designar el aumento de impuestos ya existentes, o la creación de nuevos, y las restricciones de gastos.

Durante los dos primeros gobiernos del FA, una coyuntura económica mundial extremadamente favorable le permitió al país crecer en forma ininterrumpida a tasas muy elevadas. Con ello la recaudación no paraba de aumentar, lo que permitió financiar un gasto siempre creciente, incluso a tasas mayores que el aumento de los ingresos.

Pero por más que algunos importantes personeros del FA habían declarado la abolición de los ciclos económicos y un rápido tránsito del Uruguay hacia el selecto grupo de los países desarrollados, la realidad fue más terca y el tercer gobierno se encontró con una recaudación que ya no crecía como en el pasado, un déficit fiscal considerable y la necesidad ineludible de ordenar las cuentas públicas luego del desquicio del último quinquenio.

Esto llevó a implementar durante el año 2015 un ajuste fiscal clásico, por un lado no se trasladó a las tarifas la importantísima caída en el precio del petróleo que se verificó, afectando de esa forma la competitividad de la economía, y se realizó un recorte importante de las inversiones.

Con respecto al recorte de inversiones, especialmente de las empresas públicas, el punto es que en un país normal esto impactaría negativamente en el crecimiento futuro. Sin embargo, en el caso uruguayo, uno podría argumentar que si las inversiones a impulsar tienen el mismo retorno que varias de las que se hicieron en el quinquenio pasado, la decisión de cortarlas no pudo ser más acertada.

De todas formas, los resultados fiscales del año 2015 muestran que estos esfuerzos no lograron que el déficit fiscal se reduzca. El resultado terminó siendo igual que el del año anterior incumpliendo la meta inicial que se había trazado el propio gobierno en el Presupuesto.

Es entonces que a comienzos del presente año se recurre a aumentos de tarifas públicas por encima de la inflación, y se sigue sin trasladar al consumidor y al sector productivo los avances tecnológicos en el sector telecomunicaciones o la baja del crudo que siguió verificándose. Se abandona también, por necesidad, la política de utilizar las tarifas públicas para moderar el aumento del Índice de Precios al Consumo.

Esto ha pautado el comienzo del 2016 que nos depara un crecimiento económico anémico e inferior al proyectado en el Presupuesto, que hace vislumbrar un panorama poco alentador para la mejora de las finanzas públicas. Queda ahora por ver cómo continúa el ajuste fiscal que el gobierno deberá instrumentar más allá del membrete progresista que le quieran poner.