El 4 de diciembre de 2013, un largo proceso legislativo llegó a su fin. La ley de Voluntad Anticipada. El mismo comenzó a discutirse en la Comisión de Salud en el año 2005, si bien sus orígenes se remontan al 2001. 

A fines de ese año fue finalmente reglamentada. Cuatro años para ser sancionada, (abril del 2009) y cuatro más, para terminarse.

Cuántas personas habrán sido víctimas a causa de esta lentitud es difícilmente cuantificable. Por más que sea preferible que se legisle seriamente y no como en otras ocasiones, 8 años parecen demasiados. Basta pensar en cualquier persona postrada en una cama, a quien se le niega el derecho a morir. Como el caso de aquella italiana que hizo historia en estos complejos debates que atienen al hombre, a la vida y a la muerte. Dilemas donde se contraponen atavismos culturales, religiosos, morales, filosóficos y posturas supuestamente caritativas. Eluana Englaro fue condenada a vegetar, ya que lo suyo no era vivir, a lo largo de 17 años. A raíz de un accidente automovilístico pasó de ser una persona joven y vital, a convertirse en un ser que pesaba unos pocos kilos, que tenía los brazos y las piernas encogidos, que podía yacer solo de costado para no ahogarse con los líquidos que le fluían de su estómago atrofiado, lo cual le causaba llagas y laceraciones en la piel, inclusive en la cara. A la tristeza que ahogaba a su padre y a su madre al ver a su hija en esta dolorosa condición, se sumaba la angustia, año tras año, de no poder cumplir con el pedido que ella misma le había hecho un día. En trágica premonición, tras ver lo que sucedía con un amigo suyo, mantenido artificialmente en un hospital con un soplo de vida.

El Sr. Englaro pasó gran parte de esos años luchando para liberar a Eluana de ese cruel destino, transitando en patética cruzada por juzgados y tribunales, hasta que al final llegó la sentencia de última instancia de la Corte de Casación que ordenaba la suspensión del alimento.

La ley uruguaya, cuyo proyecto fue presentado por el senador del Frente Amplio, José Luis Gallo y por el ex- diputado colorado Washington Abdala, compuesta de 11 artículos, representa un avance trascendente en respaldo de la voluntad de la persona y el derecho a una muerte digna. O mejor dicho, una vida digna.

Apunta a la limitación del esfuerzo terapéutico en casos de enfermedades terminales, incurables e irreversibles, estipulando que “toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma”. Y prevé el derecho a expresar anticipadamente la determinación de no ser sometido a ellos en caso de sufrir de un mal de estas características.

Se dictamina la forma de dejar constancia de ese deseo, con su firma y la de dos testigos, o firma de ruego de no poder hacerlo la propia persona, así como la participación de escribano público que documente el hecho en escritura pública. Se exige incluir el nombramiento de un representante mayor de edad para que vele por el cumplimiento de esa voluntad en el caso de que se vuelva incapaz y esto debe de figurar en su historia clínica. También se permite que en caso de que el paciente esté inconsciente y no se haya expresado previamente, el cónyuge o concubino o en su defecto, los familiares en primer grado, puedan resolver. Si fueran niños o adolescentes, serán los padres en ejercicio de la patria potestad o su tutor. Sin embargo, esta afirmación de libertad queda algo desapercibida y por ese motivo pensamos en la conveniencia de ahondar en este punto.

Es sin duda un paso muy importante hacia la autodeterminación, pero a esta ley le hace falta una mayor especificación en lo referente a las enfermedades neurológicas, que llevan a la pérdida de la capacidad cognitiva.

Es conveniente una ampliación en la que quede claro que habrá de respetarse por sobre todas las cosas la libertad del individuo y su derecho a disponer de su vida y muerte a través de un testamento elaborado en plenas facultades mentales, delante de escribano público, dejando constancia de su voluntad a futuro.

Con el aumento de las tasas de longevidad, un progreso evidente de nuestros tiempos en los cuales los avances de la medicina permiten superar ampliamente los antiguos parámetros de ancianidad, también existe un crecimiento exponencial de patologías como el alzhéimer y otras de la familia.

Aunque no trasunten estas dolores insufribles como dice la ley, se debe incorporar el concepto de que ciertos seres humanos prefieran morir a pasarse largos años encerrados en un geriátrico. Al tiempo que priorizan ahorrarle a sus familiares esa pesada y dolorosa carga, tanto en lo emocional como en lo económico. Dado que no se trataría de una eutanasia pasiva, es imprescindible que el médico quede legalmente cubierto al cumplir con ese mandato previo del enfermo. Como también deberá aceptarse el reparo de conciencia del galeno que rechace ejercer este acto por razones personales, teniendo que buscar a otro profesional.

La ley (N°18473) indica que un médico será quien certifique si el paciente se encuentra en estado terminal y un segundo doctor tendrá que certificarlo. Por miedo a un uso fraudulento de la legislación, se les coloca de garantes frente a terceros pero al mismo tiempo se les da la potestad de decidir cuando se trata de un caso “terminal, incurable o irreversible”, a lo cual debería agregarse, para evitar malos entendidos, la discapacidad cognitiva, de ampliarse esta ley. Hay que cuidar que a la persona que enfermó se le respete su previa determinación.

El ejemplo del sevillano Pedro Martínez, lo ilustra bien. Enfermo de esclerosis múltiple amiotrófica, un mal que comienza de afuera hacia adentro y va atrofiando los músculos para tragar o respirar, sabía que lo suyo sería una creciente agonía. Pero la ley andaluza, del tipo de la nuestra, no preveía casos como ese por estar más pensada para gente con cáncer. Al no considerarlo terminal se le condenaba a seguir sufriendo y “a no vivir con dignidad”. Recién pudo tranquilizarse cuando la ONG Derecho a Morir, le prometió lo que deseaba, una sedación terminal.