Estremece el asesinato de Juan Carlos Nicaratto. que apareció muerto —hipótesis más probable: rapiña— en Teniente Galeano y Roberto Ibáñez, calles de Piedras Blancas cuyos nombres dicen poco pero debieran evocar mucho.

El Tte. Nicasio Galeano se alzó junto al Gral. Venancio Flores contra el Presidente Bernardo P. Berro. Se enroló en la Guerra del Paraguay, especialmente en Tuyutí, 1867. Bajo la dictadura de Latorre, desde 1876 fue jefe político de Minas. Su actuación pública fue tan discutible como las causas que sirvió, pero obró de frente y a riesgo propio.

Roberto Ibáñez fue un excelente poeta, profesor y analista literario. No transaba con la pereza mental ni con la liviandad. "La clase es un templo para quien siente la enseñanza", le oímos clamar en el aula-anfiteatro del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Orador clásico, militó en el socialismo idealista de Emilio Frugoni. Y dijo siempre lo que sentía y pensaba, también de frente y a riesgo propio.

Es en esquinas con nombres de esa alcurnia que en Montevideo y todo el país sufrimos la mayor ola de criminalidad de nuestra historia. Habituando a las nuevas generaciones a la infamia, les ocultamos que el Uruguay construyó la historia de su libertad con batallas a cara descubierta entre el guerrero y la pluma y con polémicas recias entre ciudadanos convencidos.

Nuestro Estado de Derecho se cimentó en la certeza de que toda persona encarna un valor irremplazable. Tal certeza brotó de una intuición muy anterior a la promulgación del art. 173 de la Constitución de 1918 —idéntico al art. 72 de la actual—, que proclama que la personalidad humana es más amplia y más abierta que lo que se lee en el capítulo de Derechos, Deberes y Garantías.

Al señor Juan Carlos Nicaratto y a sus afectos, el Estado les debía la misma seguridad que les adeudaba a todos los habitantes de la República que fueron asaltados, heridos y asesinados en estos años de crimen creciente, droga fácil, Ministro inamovible y elenco insensible.

El Estado incumplió su deber. El gobierno mintió que iba a bajar 30 % las rapiñas; y ahora se escuda en los efectos del nuevo Código de Procedimiento Penal para mal explicar que en vez de disminuir, aumentaron.

Ante semejante pandemia, la opinión pública —órgano diario de la ciudadanía— debe alzar su voz, en memoria de todas las víctimas y en defensa de los sobrevivientes. Por el solo hecho de que somos gente y queremos vivir como buena gente.

Compelidos a sufrir gobernantes que ni se asoman al velatorio de las víctimas, asumamos nosotros mismos el valor de cada persona: en nombre de la República y de su filosofía de vida.

Rechacemos que menudeen las respuestas corporativas de los que paran si el muerto es de los suyos —taxista u obrero de la construcción...— pero miran para otro lado si es sólo persona a secas.

Los biombos de esa laya anestesian y cavan zanjas.

Si no queremos hundirnos en una cruza de Edad Media con fascismo, debemos rechazar que el horror por el crimen se maneje como pertenencia gremial y que en nombre de lo sectorial se olvide lo universal que nos corre por dentro.

Sí: con todos los dolores vividos, es desde lo universal que debemos asumir, sin edad, la idealidad fraternal de cada Año Nuevo.

También este de 2019, que nos llega con esperanzas a pesar de todo.