El poder menguante

JUAN MARTÍN POSADAS

Las campañas políticas son necesarias para el funcionamiento de nuestra república. Ellas ventilan a los partidos y obligan a los dirigentes a efectuar propuestas y proponer planes. El problema es que la multiplicación de las propuestas no toma en cuenta el respaldo de poder que ellas necesitan. En los tiempos que corremos gran parte del poder que se requiere para actuar eficazmente en el gobierno, y que era patrimonio del Estado, se ha debilitado. Las promesas y propuestas políticas requieren una actuación desde el gobierno mediante el poder del Estado.

Si no hay un efectivo poder para sostenerlas e implementarlas, los planes y promesas electorales sólo son enunciados que refieren a diferencias partidarias teóricas.

En Uruguay el poder del Estado y la capacidad operativa de los gobiernos se ha venido achicando. Hay un primer factor, de orden general, que podríamos simplificar como globalización. Pongo un ejemplo de ayer nomás. El Uruguay no puede tener un régimen financiero y bancario a su antojo (tampoco, como se vio, lo puede tener Suiza o Luxemburgo). Si no aceptamos ciertas disposiciones nos ponen en una lista negra de paraísos fiscales. Otro ejemplo: Uruguay no puede tener un manejo autóctono de su moneda porque gran parte de los uruguayos ha elegido manejarse en dólares.

En el mismo plano: los países se han ido agrupando para sumar fuerzas, integrándose supranacionalmente. Eso también disminuye las posibilidades de los gobiernos particulares. Uruguay se ha integrado al Mercosur; en este caso ha ab-dicado a poder decidir solo muchas cosas, pero no ha recibido ninguno de los beneficios colectivos que esperaba.

También en lo interno se han ido dando situaciones que han hecho menguar el poder del Estado y las facultades decisorias del gobierno. En el Uruguay se ha evitado darles nombre y hablar de ello en alta voz: no se reconoce que poder y política han quedado en manos diferentes. No en todos los campos pero sí en algunos muy notorios. Las corporaciones se han ido quedando con buena parte del poder que tenía la política. Los plebiscitos, que han sido muchísimos en los últimos tiempos, han nacido, han sido impulsados y terminaron siendo impuestos por el Pit-Cnt. Atrás de él, sólo más tarde y para no perder votos, se sumó el Frente Amplio, entregando protagonismo y poder político.

Hablemos de las políticas energéticas. Si no hay generación energética suficiente para atender a la demanda es porque el gremio de UTE se ha impuesto sobre cualquier plan político o medida de gobierno, impidiendo que se desarrolle lo que la ley vigente permite hace años, que es la generación por privados. El actual ministro Martínez de Industria ha reconocido que el gobierno frena el desarrollo tecnológico del país para proteger a Antel. Pero no es a Antel sino a Sutel a quien protege. La política de Comunicaciones no la tiene el poder político ni el gobierno sino una corporación. Ha de tenerse en cuenta que las corporaciones no son representativas (ni siquiera de los trabajadores, sólo de los sindicalizados) y que sus dirigentes salen electos mediante procesos controvertidos y no controlados (en Sutel una parte del gremio impugna a la actual directiva).

De todo esto nada se dice en las campañas electorales. Debería discutirse más; se estaría hablando del poder, de lo que efectivamente se puede prometer porque se cuenta con el respaldo para implementarlo. ¿Habrá algún candidato que se comprometa a rescatar el poder para la política?