A pocos días de su asunción el gobierno del presidente Lacalle Pou se enfrentó al flagelo del Covid-19.

Todo se conmocionó; temas como la soberanía territorial, la seguridad, el bien común y el derecho de las personas saltaron a un primer plano provocados por una pandemia. El Uruguay en sintonía con la Organización Mundial de la Salud y decenas de gobiernos decretó estado de emergencia, cerró las fronteras, exhortó a la población a mantenerse aislada, desplegó la fuerza pública como respaldo de las medidas y mantiene informado al pueblo a través de los medios de comunicación. Es así que todos participan de las demandas que enfrentan los hospitales y laboratorios clínicos, de la parálisis de la educación, de los problemas de un desempleo en aumento, de la retracción del comercio interior y exterior y de los impactos a que se encuentra expuesta la macroeconomía. En otras palabras, el virus que se extendió a todo el planeta ha repercutido sobre la movilidad de capitales, bienes, servicios y personas a niveles impensados; y que como era de esperar afectó las cadenas de valor responsables de los dos tercios del comercio mundial.

Ante este escenario, el rol del Estado se volvió indispensable para brindar una asistencia colectiva e integral a la comunidad. Y aunque en este aspecto no deberían existir discrepancias, han surgido algunas voces y opiniones que aprovechan para pregonar un nuevo Estado de Bienestar como respuesta al “fracaso” de lo que han mal llamado “neoliberalismo”. Pongamos las cosas en su lugar: el Estado debe ejercer su rol de orientador, regulador y garante; sobre todo, en circunstancias en que el asistencialismo universal requiere de una planificación y cobertura presupuestaria suficiente para combatir una pandemia que provoca daños económicos al sistema productivo y a la sociedad.

Por esa razón, no son de recibo especulaciones ideológicas oportunistas así como algunas propuestas demagógicas. No se trata de descalificar a los que piensan diferente, pero sería un grave error repetir la experiencia de la crisis del 2002 cuando la oposición pedía el default para beneficiarse electoralmente de esa desgracia económica importada.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo habilitó líneas de crédito en condiciones especiales, aumentó los fondos de garantías para las pequeñas y medianas empresas, difirió el pago de los aportes al BPS y a la DGI, extendió a todos los sectores el seguro de paro flexible y aumentó las partidas para alimentación. Una respuesta que debe contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas y de los sindicatos, en la medida en que el sector público actúa complementado con decisiones del sistema financiero y de normas laborales destinadas a evitar un mayor desempleo.

Sin perjuicio de todo eso, debe quedar claro que al entrar en vigencia esa batería de medidas, existen serias limitaciones provenientes de un indecente déficit fiscal heredado que asciende casi al 5% del PBI, incluyendo los resultados negativos de 500 millones de dólares de Ancap, UTE, Antel y OSE en el 2019. Y por otro lado, que no debería olvidarse la actitud del gobierno saliente al negarse a decretar el ajuste de las tarifas públicas en diciembre, con el fin de dejarle una pesada mochila a la nueva Administración.

No es la primera vez que un gobierno del Partido Nacional enfrenta situaciones imprevistas que lo obligan a postergar las medidas destinadas a hacer crecer la economía. Pero como es sabido, siempre las ha encarado tomando en cuenta su impacto sobre los más vulnerables y dejando para más adelante las acciones para recuperar el equilibrio macro-económico.

La responsabilidad de defender el interés nacional es de todos y lo razonable es aprobar reglas de juego para que el Uruguay haga frente a la situación. Para ello se necesita grandeza y generosidad de todo el sistema político. Y si algo sabe el Partido Nacional, que durante decenas de años fue la oposición, es que cada vez que se necesitó su concurso, la causa nacional prevaleció en su espíritu. Respuesta totalmente distinta a la del Frente Amplio que votó en contra la mayoría de las leyes importantes, como la de Zonas Francas, la de Forestación, la ley de Puertos, la de Inversiones y los Tratados de Inversión y doble tributación con varios países desarrollados; pero que una vez alcanzado el gobierno, las aplicó sin reconocer sus contradicciones.

Desde el primero de marzo tenemos un gobierno que se hace cargo y que se ajusta al compromiso asumido con los demás partidos y con la ciudadanía. Cuando eso sucede, el pueblo acaba aprendiendo la verdad y valora a los que con inteligencia y firmeza cumplen con lo que prometieron. La crisis se asoma como proyectada en el tiempo. Bien podríamos recordar alguna de las afirmaciones de Winston Churchill en tiempos de zozobra para su patria: “No tengo nada más que ofrecer que la sangre, el trabajo, las lágrimas y el sudor... si estás atravesando una tormenta, sigue caminando… el esfuerzo continuo -y no la fuerza- o la inteligencia, son la clave para desbloquear nuestro potencial”.