Con la información disponible sobre el cierre del año anterior, aunque resta aún por publicar el relativo a la evolución del producto en el último trimestre, es posible vislumbrar cuáles serán los desafíos en materia fiscal para este año y el próximo.

Es evidente que el año electoral incide en la macroeconomía, suele hacerlo en todos los países y la historia del nuestro demuestra que no es la excepción. Los propios hechos irán determinando si es posible atravesar todo el año con piloto automático o habrá que tomar medidas poco frecuentes cuando se oye la sirena del llamado de las urnas. El déficit fiscal, descontando el efecto cincuentones que es lo que corresponde, cerró el 2018 en 4%, cifra superior no solo al objetivo del gobierno, sino a la que recibió de la administración Mujica. No se logró seguir una trayectoria descendente del déficit, como se había propuesto, sino que se incrementó. La deuda pública en relación al producto hoy está en 65%, nivel que empieza a preocupar, especialmente porque con el nivel actual de desequilibrio fiscal ese ratio seguirá aumentando.

Existe coincidencia entre analistas y candidatos en que el déficit debe bajarse pero la realidad marca que el ajuste fiscal dinámico aplicado quedó corto frente al aumento del gasto. Existe también una amplia opinión mayoritaria (aunque no unanimidad) respecto a que los impuestos no pueden volver a aumentarse porque la capacidad contributiva de los uruguayos está al tope. Si debe reducirse el déficit y no pueden subirse los impuestos, lo que queda es disminuir el gasto. La pregunta del millón es si puede reducirse lo suficiente para lograr la baja del déficit antes de que el crecimiento de la deuda sea demasiado grande y el mercado comience a pasar la factura de la desconfianza sobre su trayectoria. Suponiendo un escenario de crecimiento magro, pero crecimiento al fin, en 2020 no es utópico plantear que pueda lograrse bajar el déficit con un plan de austeridad que revise el gasto inciso por inciso y dependencia por dependencia, con un objetivo global razonable.

El monto estará determinado por las circunstancias, pero en un gasto global que casi se duplicó en términos reales en los últimos 13 años no parece algo imposible. A su vez será necesario lograr una mayor coordinación entre las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos, lo que contribuirá en una mejora en todos los frentes. La inflación de casi 8% del cierre de 2018 es demasiado alta para los estándares internacionales del siglo XXI y un problema que no podemos seguir arrastrando ad infinitum. Finalmente, es indispensable un liderazgo político convencido del rumbo y que lo mantenga firme aunque arrecien las críticas.

En este escenario es posible pensar en un próximo quinquenio en que el país retome un crecimiento mayor que nos permita plantearnos objetivos más ambiciosos en términos de desarrollo económico y social. Por cierto, eso requiere también de forma indispensable, mejorar la competitividad del país de forma de mejorar la rentabilidad de las empresas y la generación de puestos de trabajo. Los desafíos no son menores, pero existen buenas razones para ser optimistas si logramos atravesar este año y el próximo gobierno tiene la decisión y el equipo para volar más alto.