Hace un par de meses entrevisté al doctor Alberto Fernández Dell’ Oca, un traumatólogo uruguayo de enorme prestigio, reconocido mundialmente por sus inventos y hombre de consulta de los más destacados cirujanos y centros de investigación de Suiza, Alemania y Estados Unidos.

Hace un par de meses entrevisté al doctor Alberto Fernández Dell’ Oca, un traumatólogo uruguayo de enorme prestigio, reconocido mundialmente por sus inventos y hombre de consulta de los más destacados cirujanos y centros de investigación de Suiza, Alemania y Estados Unidos.

Una de las cosas que más me sorprendió en ese reportaje, fue enterarme que Fernández, que en 2015 cumplió 40 años de ejercicio de la Medicina, cursó Primaria en la Escuela República del Perú, Secundaria en el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga, Preparatorios en el IAVA y Medicina en la UdelaR. Pensar que hoy, un joven de clase media que haga el mismo derrotero en la Enseñanza pública llegue a ser reconocido en el mundo entero, es una quimera. Dicho esto con pesar.

La semana pasada se conoció la noticia del cierre del Colegio José Pedro Varela. La información volvió a colocar el tema de la Educación en las primeras planas de los diarios. Los detalles sobre la desaparición de una institución de larga trayectoria, fueron ya difundidos. A pesar de la pausa de enero, algunas voces se han escuchado sosteniendo que el Estado debería asistir al Varela para evitar su cierre definitivo. El argumento mayor es que si se aportaron US$ 800 millones para enmendar el descalabro de Ancap, por qué no desembolsar US$ 3 millones y evitar que 700 estudiantes queden sin su Colegio y 400 docentes y funcionarios pierdan su trabajo. Ni una cosa ni la otra. El Gobierno no debió permitir que Ancap se fundiera y tampoco debe hacerse cargo de una institución educativa que por desaciertos de sus autoridades quebró.

Un informe publicado por El País en su edición de ayer, consignó que 86.000 son los alumnos que asisten hoy a instituciones educativas privadas, frente a 266.000 que lo hacen en escuelas y liceos públicos. Es sabido que los institutos privados están exonerados de algunos impuestos, pero para muchos colegios esto no es suficiente. Se suele asociar a la Enseñanza privada con las clases más pudientes de nuestra sociedad. Y si bien hay centros educativos a los que asisten alumnos de familias de alto poder adquisitivo y persiguen un fin de lucro, la mayoría no. Se trata de instituciones religiosas o laicas que atienden a niños y adolescentes de clase media y media baja, cuyos padres son trabajadores y hacen enormes sacrificios para legarles a sus hijos la mejor herramienta que -por décadas- fue el valor superior de la sociedad uruguaya: la educación y el esfuerzo para ganarse la vida trabajando.

En agosto pasado, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, presentó un proyecto de ley que otorga a las familias con hijos en edad de estudiar, cuyos ingresos totales no superen los $ 40.000 mensuales, una ayuda de $ 4.000 por mes para que puedan asistir a colegios privados. Durante la campaña electoral, el presidente Tabaré Vázquez habló de vouchers para apoyar a los estudiantes de los institutos privados. ¿No será posible compatibilizar la propuesta del diputado Goñi con la promesa del doctor Vázquez? ¿Qué está pesando hoy más? ¿Los sindicatos de la enseñanza y su pretérita ideología o las responsabilidades de gobierno? La gran mayoría de los uruguayos no queremos más cierres de colegios y apostamos a tener muchos más referentes como el Dr. Fernández, egresen de la Enseñanza pública o privada.