Diego Fischer
Diego Fischer

Tiempo de reconocer y reparar

Al parecer llegó el momento de hacer justicia. Me refiero a la iniciativa de resarcir económicamente a las personas o los familiares de las víctimas del terrorismo que asoló nuestro país en las décadas de 1960 y comienzos de 1970.

El tema estuvo en consideración en más de una oportunidad en los últimos años, pero nunca llegó a concretarse por la oposición del Frente Amplio. En diciembre del año pasado, Cabildo Abierto presentó en el Senado un proyecto de ley en tal sentido. Según informó El País el lunes último, hoy existe consenso en la coalición de gobierno para que se apruebe un resarcimiento a los familiares de las víctimas de la guerrilla o aquellas personas que por los actos terroristas registrados entre 1962 y 1976 hayan quedado con una discapacidad.

"Corresponde una reparación económica para las víctimas o las familias de quienes fueron víctimas de la guerrilla", afirmó el miércoles último el ministro de Defensa Javier García.

Hasta la fecha solo se han otorgado pensiones y jubilaciones a las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. El hecho es no solo en su esencia injusto y discriminatorio, sino que, además, abona el relato hemipléjico sobre el pasado reciente que se propaga en estos tiempos, incluso en escuelas y liceos.

El presidente Jorge Batlle, en 2002, fue quien aprobó un decreto que dispuso se reconocieran los años de trabajo de las personas que se vieron obligadas a abandonar el país o fueron presos políticos, en la dictadura militar. Cuatro años más tarde, durante su primer gobierno, el presidente Tabaré Vázquez otorgó pensiones y jubilaciones a las víctimas del terrorismo de Estado. Y una semana antes de finalizar su segundo mandato, aprobó un decreto que dispuso que dichas prestaciones fueran heredables en un 100 por ciento por cónyuges, concubinos, hijos menores o discapacitados.

Corresponde decir que Vázquez, en 2007, envío al Senado un proyecto que establecía una reparación de US$ 150 mil a cada una de las víctimas de las acciones guerrilleras. La iniciativa fue deses- timada por el Frente Amplio.

Han pasado cincuenta años de aquel tiempo en que Uruguay vivió la sangrienta y dolorosa experiencia del terrorismo. Fue en 1963 que un grupo de iluminados inspirados en la revolución cubana empezó a perpetrar actos terroristas. Al comienzo muchos vieron con simpatía sus acciones. Emulaban a Robin Hood, porque decían robar a los ricos para repartir lo robado entre los pobres. Pocos se dieron cuenta que se estaba horadando el bien más preciado que caracterizó siempre al Uruguay, su libertad y su democracia. Las simpatías iniciales se convirtieron en miedo y rabia cuando comenzaron los secuestros, los atentados con bombas y el asesinato de inocentes. Solo en 1971, fueron asesinados doce policías en actos guerrilleros.

Todos sabemos qué sucedió en junio de 1973 y lo que costó recuperar la libertad y la democracia. Todos sabemos también que en los años de la dictadura hubo presos políticos, torturas, desaparecidos y exiliados.

Medio siglo después de esta historia hay mucho dolor y heridas que no cicatrizaron aún. Por eso, reconocer y compensar económicamente a las víctimas de la guerrilla es una manera de hacer justicia y de mirar los hechos en su integridad.

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